Suba para docentes y médicos costará US$ 190 millones

Los aumentos salariales que reclaman los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (ME) y los médicos del Ministerio de Salud Pública, tendrán un costo adicional de US$ 190 millones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, que deberá ser financiado con los recursos que aporta la ciudadanía con el pago de los impuestos. No se descarta una suba impositiva para cubrir esta mayor demanda salarial.

Los docentes presionan al Ministerio de Hacienda por un incremento del 16%.
Los docentes presionan al Ministerio de Hacienda por un incremento del 16%.ARCENIO ACUÑA

Una eventual aprobación del incremento del 16% para los docentes y del 28% para los médicos, más la reducción de la carga horaria, hará desbordar el presupuesto que el Ejecutivo presentó a consideración del Congreso para el ejercicio 2022 y pondrá en serio riesgo las ya deficitarias finanzas públicas.

Un análisis del tema puesto a consideración del gobierno muestra como el reclamo de estos dos sectores impactará en las finanzas, en un momento en que la economía del país está tratando de recuperarse tras el fuerte golpe que significó la paralización de las actividades como consecuencia del covid-19.

El Ministerio de Hacienda, en principio, previó para el próximo año un incremento del 8% para los docentes del MEC; luego de varias negociaciones elevó a 11% como última propuesta, pero los educadores insisten en que debe darse el 16% como está establecido en la ley de presupuesto vigente.

El estudio indica que 8% representará un costo adicional de US$ 60 millones, el 11% de suba implicará US$ 80 millones y el 16% significará US$ 120 millones más, lo que el fisco no está en condiciones de poder cubrir dado que las circunstancias económicas no lo permiten.

Añade que un ajuste del 16% hará que los docentes pasen a ganar G. 3.131.877 por 4 horas, pero como tienen la posibilidad de contar hasta dos rubros el monto mensual podría llegar a G. 6.263.754 por 8 horas de trabajo.

El análisis revela que con el ajuste salarial del 16% como solicitan los docentes, de darse éstos acumularán un incremento de 72% con respecto al salario que percibían en 2016, año que ganaban G. 1.824.055 mensual.

Reclamo de médicos

Los médicos, por su parte, presionan para lograr un aumento del 28% y la reducción de la carga horaria de 24 horas a 12 horas por “vínculo”, como llaman a su salario (pueden tener hasta cuatro vínculos); ambos pedidos en total representarán un costo adicional de US$ 70 millones.

Lo que quieren los médicos es pasar a ganar de G. 5.400.000 a G. 6.900.000, lo que representa un aumento de G. 1.500.000 ( 28% más). Como los médicos pueden tener hasta 4 vínculos: 1 de 24 horas y otros 3 de 12 horas, podrían totalizar un ingreso de G. 21.600.000.

El aumento salarial tiene un costo de US$ 30 millones en el año, mientras que la reducción de la carga horaria representa US$ 40 millones más, porque para cubrir esa brecha que dejarán Salud Pública deberá contratar a más de 3.000 médicos (y como no hay esa cantidad de nuevos médicos, sería contratarles a los mismos por más plata).

El personal de blanco argumenta para solicitar el aumento que “a igual trabajo igual salario”, lo que a criterio de los analistas no corresponde porque se deben considerar también parámetros de eficiencia, capacitación, etc. Un médico del Ministerio de Salud puede llegar a ganar incluso más que el director médico, que tiene una remuneración de G. 19,4 millones.

Salario mínimo, la otra realidad

En el sector privado, sin embargo, la situación es muy distinta. El salario mínimo actual asciende a G. 2.289.324 mensual, tras un ajuste del 4,4% por efecto de la inflación acumulada realizado en julio pasado.

En ese sentido, el estudio menciona que de 2016 a 2021 el mínimo legal solo se incrementó 17% por la inflación, como lo establece la ley. De esta manera, en un solo aumento del 16%, los docentes recibirán el aumento del sueldo mínimo del sector privado de seis años; en tanto que los médicos recibirían 28%.

Los trabajadores del sector privado fueron los más afectados por el cierre con el despido o la suspensión de las actividades laborales, incluso muchos hasta hoy continúan sin poder recuperarse del todo, a pesar de la apertura de las actividades económicas.

En el sector público, sin embargo, los funcionarios no tuvieron inconvenientes en sus puestos laborales ni en el cobro de sus salarios cada mes, porque para asegurar el pago puntual el año pasado hasta se usó US$ 300 millones del préstamo de emergencia sanitaria para cubrir las remuneraciones del personal.

Los gremios empresariales, precisamente, critican que toda la carga de la pandemia recayó sobre el sector privado mientras en el sector público continuaron con el despilfarro.

US$ 1.000 millones pendientes

A las solicitud de los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de los médicos que representará un costo adicional de US$ 190 millones, se suma los numerosos pedidos que fueron realizados ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso que tiene a su cargo el estudio del proyecto de presupuesto 2022.

El organismo asesor del Parlamento recibió de las diversas entidades públicas pedidos que superan los US$ 1.000 millones, principalmente para destinarlos a aumentos salariales, creaciones de cargos y contratación de personal.

Los mayores aumentos solicitados, por citar algunos, corresponden al Ministerio de Salud, que planteó US$ 589 millones más; la Universidad Nacional de Asunción (UNA) US$ 95,5 millones; la Corte Suprema de Justicia US$ 65,6 millones; el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) US$ 54,8 millones ; y el Ministerio Público US$ 21,6 millones.

La Comisión Bicameral, compuesto senadores y diputados, ya aprobó mantener el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 en el tope establecido por el Ministerio de Hacienda, que asciende a 92,2 billones (US$ 13.186 millones (proyecto inicial más adenda). En caso de que se apruebe el aumento del déficit fiscal de 1,5% a 3% del PIB, el monto final pasará a G. 96,4 billones (US$ 13.787 millones).

Cualquier modificación que se apruebe en la comisión legislativa, se deberá incluir vía reprogramación interna porque el tope se decidió no elevar.

El organismo asesor del Parlamento, presidido por el senador Juan Darío Monges (ANR), tiene plazo hasta el 30 de este mes para elevar su dictamen sobre el PGN 2022 a consideración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, para iniciar el estudio y decidir finalmente sobre el proyecto.

El dictamen de la comisión, sin embargo, es una referencia que se tiene durante el estudio del proyecto, ya que en la plenaria los legisladores pueden solicitar cualquier modificación o plantear aumentos, como ocurre cada año.

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