El abogado Andrés Casati, representante legal de Hugo Javier González, planteó un incidente de nulidad de la acusación presentada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, por los supuestos hechos de lesión de confianza, uso de documentos no auténticos, declaración falsa y asociación criminal que habrían cometido el gobernador de Central y otras 14 personas.
Hasta que se resuelva el recuso planteado por la defensa del “N° 2″, el proceso penal queda paralizado. En consecuencia la audiencia de imposición de medidas cautelares para los 15 imputados en la causa, que el juez de Garantías especializado en Delitos Económicos José Agustín Delmás fijó para este miércoles 10 y jueves 11, queda suspendida.
Actualmente esta causa penal está sin juez, teniendo en cuenta que Delmás se apartó del caso luego que Casati haya asumido la defensa del gobernador de Central, ya que tiene causal de inhibición con el profesional del derecho, por supuesta enemistad.
El expediente pasó al Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del 2° Turno, a cargo del juez Humberto Otazú, quien impugnó la inhibición de su colega. Ahora será el Tribunal de Apelación el debe resolver quién de los magistrados entenderá en la causa.
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Una vez que se confirme al juez de la causa, este dará trámite al incidente de nulidad de la imputación promovido por la defensa de Hugo Javier González, y correrá traslado al Ministerio Público para que conteste el recurso.
Los demás imputados son Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, Javier Marcelo Rojas Giménez, Paulino de los Santos Palacios Recalde, Nicolás Eduardo Emmanuel Álvarez Doria, Lourde Verónica Lezcano Decoud, Armando Adolfo Soler Espínola, Luis Eduardo Allende Araujo, Édgar José Zaracho Quintana, Guido Rolando Portillo Torres, Modesta Valente Escobar, José Félix Grau Fernández, Óscar Morel Oses, Óscar Laureano Gaete Gómez y Adalberto Benítez Aguilera.
“Por el momento” el perjuicio sería de G. 1.700 millones
Según la imputación, Hugo Javier repartió todo el fondo de emergencia a dos organizaciones sin fines de lucro. La fundación CIAP recibió G. 5.105 millones y el Consejo Regional de Salud unos G. 1.276 millones.
En las rendiciones de cuentas aparecen facturas clonadas, obras pagadas con otros fondos, pago de salarios, facturas a crédito sin recibo de dinero y otras groseras irregularidades.
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El acta de imputación detalla algunas de las supuestas obras realizadas por la ONG CIAP en fecha anterior (mínimo dos meses antes) al desembolso de los fondos de emergencia que tuvo lugar en diciembre de 2020 por parte del Ministerio de Hacienda a una cuenta de la Gobernación de Central.
El presunto perjuicio sería por un total de G. 1.676.891.126, por el momento, esto “sin que obste que existan otras supuestas obras en la misma situación, lo cual se determinará en la etapa investigativa”.