Quinieleros son obligados a mantenerse en la informalidad

El sindicato que nuclea a quinieleros denunció que la explotadora de la quiniela, TDP SA del expresidente Juan Carlos Wasmosy, obliga a los quinieleros a renunciar a derechos laborales mediante la firma de un contrato y que en pandemia les redujo el porcentaje de ganancia. El negocio mueve US$ 127 millones al año.

Los quinieleros, en general son adultos mayores. En pandemia se les redujo la comisión, no tienen seguro social ni jubilación, mientras que la empresa TDP SA se beneficia con la concesión que mueve US$ 127 millones anuales.
Los quinieleros, en general son adultos mayores. En pandemia se les redujo la comisión, no tienen seguro social ni jubilación, mientras que la empresa TDP SA se beneficia con la concesión que mueve US$ 127 millones anuales.ARCENIO ACUÑA

El Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) facilitó una copia del contrato que los trabajadores son obligados a firmar por la empresa concesionaria de la quiniela, Technologies Development Of Paraguay SA (TDP), del expresidente Juan Carlos Wasmosy, para poder levantar las apuestas del país como quinieleros.

Alicia Gutiérrez, vocera del sector en el cual se desempeña hace más de 20 años, mencionó que durante la actual administración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), bajo la presidencia de José Antonio Ortiz Báez, perdieron beneficios y se sienten “abandonados a su suerte” y desprotegidos del Estado. “Supuestamente somos trabajadores independientes, sin embargo, debemos justificar nuestra ausencia en caso de no acudir a nuestro puesto; se redujo el porcentaje de nuestra ganancia y no tenemos a quién reclamar, a pesar de que se trata de una concesión de un servicio público del Estado, que es la explotación de la quiniela”, expresó la sindicalista en una visita a la redacción de ABC Color.

Señaló que durante el Gobierno del presidente Horacio Cartes, y la Conajzar estaba presidida por Javier Balbuena, en la propia licitación se estableció que el porcentaje de ganancia era del 25% de los quinieleros. Sin embargo, en 2019 y bajo la administración de Ortiz, se borró ese ítem del Pliego de Bases y Condiciones (PBC), lo que permitió que de manera unilateral se reduzca ese porcentaje al 20% y bajo el pretexto de la crisis derivada de la pandemia.

“Toda la economía fue reactivada prácticamente en su totalidad pero nuestro porcentaje de ganancia no fue actualizado todavía”, denunció. Añadió que en el país existen al menos 3.500 quinieleros.

Por otra parte, Gutiérrez facilitó una copia del contrato que la empresa, según aseguró, les obliga a firmar si es que los quinieleros desean trabajar de manera legal y con la única empresa que explota este juego en el país. Seguidamente, facilitó testimonios de personas quienes aseguraron que bajo amenazas se les obliga a rubricar su compromiso con puño y letra.

“Nosotros no íbamos a firmar porque no es seguro la quiniela, además nos van a despojar de nuestras herramientas de trabajo, que es el pos”, dice una afectada que pidió no identificarse. Recalcó su desconocimiento de la finalidad de documento, y que el mismo no establece compromiso de la empresa hacia los trabajadores, sino que más bien deslinda responsabilidades de la misma. “Mba’e la rojapota, rofirmata mante chupe”, dijo.

Otro de los testimonios apuntó a la falta de empatía de parte de la empresa TDP al obligar a devolver la recaudación a una quinielera que fue víctima de asalto, a mediados del mes pasado, en la ciudad de Villa Elisa. “Le robaron su recaudación y le echaron su máquina. Ahora debe pagar por el pos y la plata que se le robó. Eso supuestamente no deberíamos pagar”, comentó una quinielera quien recalcó que mediante cámaras de circuito cerrado se pudo constatar la violencia con que actuaron los ladrones, video que se reprodujo en diversos medios de comunicación.

“Cómo es posible que a esa gente (de la empresa TDP SA) que recorre y junta plata no se les robe. No creo luego que a esa gente se les robe. A esos no se les cobra nada y por qué a nosotros sí”, opinó la trabajadora lamentando la falta de empatía hacia los levantadores de apuestas que se encuentran en las calles y en condiciones de vulnerabilidad. “Sinvergüenzas lo que son”, aseveró.

Agregó que la colega paga G. 10.000 por día hasta alcanzar el monto perdido, que no fue siquiera por desatenta o deshonesta, fue víctima de la inseguridad. “Un motoqueiro viene, te aprieta y ya tenés que dar tus cosas (o podría morir)”, lamentó.

“Las partes son libres de establecer las cláusulas”

El contrato menciona que no rige lo que establece el Código Laboral ni Procesal Penal. Consultado al respecto, el viceministro de Trabajo, Luis Orué, reconoció que el menos beneficiado con este ítem es es trabajador. “Si bien es una cláusula un poco leonina es evidente que es un contrato de prestación de servicios y en esta categoría no existe dependencia y tampoco existe relación laboral”, expresó.

Al ser requerido referente a la relación entre partes, y que el trabajador se encuentra en desventaja, el viceministro insistió en que no hay relación de dependencia. “El código laboral rige para la relación de dependencia nada más”, dijo.

Empresa no da la cara

Hace días que se solicita entrevista con algún representante de la empresa TDP SA, y Gloria Rodríguez, solo responde con promesa de que se va a confirmar la entrevista con ABC, sin embargo hasta ahora no nadie da respuesta a las irregularidades que son denunciadas por los trabajadores.

Actualmente, un proyecto de ley de regulación de juegos de azar se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados, presentado por Ortiz, propuesta que mantiene el monopolio de la quiniela, pero no así el de las apuestas deportivas al permitir hasta tres concesionarias.

Los quinieleros cuestionaron la benevolencia con la empresa, que conforme a fuentes oficiales el negocio mueve US$ 127 millones anuales, y que en contrapartida, a sus trabajadores les mantiene en la informalidad y cada vez en más precarias condiciones.

Los empresarios de juegos de azar también se unieron en contra de la propuesta, la calificaron de desordenada y que carece de criterios técnicos. Lamentaron que la redacción del documento plantea una centralización de la regulación en una institución, que será la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar), nuevo nombre de Conajzar.

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