Gobernación de Central: informe final sobre el millón de dólares podría tardar 20 días

AREGUÁ. El pasado 2 de noviembre, al día siguiente de la imputación por lesión de confianza y otros, el gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, presentó su descargo a la Contraloría General de la República (CGR) sobre el uso de G. 6.382 millones del fondo de emergencia sanitaria por covid-19. Hasta la fecha no se emitió el informe de la auditoría realizada sobre el punto. Desde el ente contralor afirman que habrá novedades en los próximos días.

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Según manifestaciones anteriores del director de Rendición de Cuentas de la CGR, Emilio Ferreira, el plazo para analizar el descargo de Hugo Javier, es de diez días hábiles, es decir, se cumplirá el lunes próximo.

Pero en la fecha, el subcontralor Augusto Paiva indicó que “la situación del informe de la Gobernación de Central está actualmente en fase de informe, actividad 120 del proceso operativo evaluación de descargo por parte del equipo auditor”.

Agregó que “posteriormente será remitido a las Direcciones de Asuntos Jurídicos y Control Gubernamental para su revisión y verificación”. Puntualizó que “todos estos procesos a no surgir algún inconveniente podrían tardar 15 a 20 días”, para su culminación.

Falta de rendición de cuentas

Desde hace seis meses la Contraloría audita el uso de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que la Gobernación de Central recibió en diciembre de 2020 del Ejecutivo, para generar fuente de trabajo en el XI departamento.

El primer reclamo, en mayo último, fue la falta de rendición de cuentas bimestrales de los meses de febrero y abril. Ante esta situación, rápidamente la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) que recibió G. 5.105 millones, parte del fondo de emergencia, y el Consejo Regional de Salud que recibió también G. 1.276 millones, presentaron las planillas de rendición con facturas clonadas, entre otras anomalías.

Luego, la Gobernación de Central también presentó su rendición de cuentas a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), pero en el legajo fueron reemplazadas varias facturas para tratar de ocultar el inminente despilfarro.

El hecho fue denunciado por la SET y la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) ante el Ministerio Público. A la fecha, los fiscales Rodrigo Estigarribia, Luis Said y Francisco Cabrera, imputaron a Hugo Javier, al presidente de CIAP, Tadeo Álvarez, y a otras 13 personas por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos. Hasta hoy, el supuesto daño patrimonial sería de G. 1.700 millones.

Ignoraron las facturas clonadas

El equipo auditor de la CGR conformado por Emilio Ferreira, Derlis Riquelme, Óscar Hermosilla, Syrley Pereira, Araceli López, Marcia Benegas y Emilio Carreras, en el informe preliminar para descargo, no se expidieron sobre las facturas clonadas de la Distribuidora Santo Domingo (por G. 277 millones), AR Electricidad (por G.14 millones) y de Ingeniería SA (por G. 36 millones). Todos los propietarios confirmaron la clonación de los comprobantes.

Tampoco se refieren a las facturas a crédito sin boleta de cancelación a nombre de CIAP por más de G. 3.500 millones, es decir, figuran como pagadas, pero el dinero no habría sido desembolsado.

Asimismo, no mencionan las facturas de pagos de salarios con fechas entre octubre de 2020 y febrero de 2021, anteriores al desembolso de G. 6.382 millones, que forman parte de la rendición de cuentas de la Gobernación de Central. El perjuicio en ese caso sería de G. 10.500.000. Los funcionarios confirmaron los cobros y afirmaron que las facturas fueron expedidas a nombre de CIAP.

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