Pruebas de la fiscalía comprometen aún más a RGD y su hijo en negocio de la usura

El fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), presentó hoy la última parte del informe sobre los datos extraídos de dos de los cuatro celulares que le fueron incautados a Ramón González Daher durante el operativo fiscal realizado en su vivienda, el 13 de noviembre de 2019.

Los mensajes de texto y audios mostrados por el agente del Ministerio Público prueban que Fernando González Karjallo, hijo del ex dirigente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, no solo estaba al tanto de los préstamos con intereses excesivos que daba su padre, sino también que el acusado era una pieza clave en el esquema de usura y apriete a los deudores.

El informe preparado por el ingeniero en telecomunicaciones Jorge Sebastián Riquelme, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público, también revela que las operaciones de pago al clan González Daher, por los préstamos usurarios, también se realizaban en dólares, no solo en guaraníes.

Esta prueba clave del Ministerio Público, que tiene poco más de 20.000 páginas, desnuda el modus operandi de los acusados para cobrar a los “clientes” del negocio familiar, quienes incluso eran víctimas de extorsión cuanto se atrasaban en sus cuotas.

En mayo de 2017, ante la insistencia de RGD para cobrar el crédito, una de las víctimas de usura le respondió lo siguiente: “Me estoy rompiendo el culo para cumplir contigo, sabes que estoy apretado y que estoy corriendo de aquí para allá para no fallarte. Dame por favor un respiro”.

Utilizó a la fiscalía para el “apriete”

El Ministerio Público también presentó como pruebas unas 50 denuncias, de las 227 que fueron presentadas por Ramón González,bajo patrocinio de la abogada Emma González Ramos, en contra de los deudores, cuando estos ya no podían pagar los créditos que les otorgaba hasta con el 72% de interés anual, cuando el tope establecido por el Banco Central del Paraguay no supera la mitad.

Una de las denuncias fue presentada en febrero de 2015 en contra de Juan Manuel Rojas, a quien Ramón González Daher acusó de estafa y lesión de confianza con el siguiente argumento: “se apropió de mi patrimonio valiéndose de la confianza que le tenía y bajo engaños, pues el mismo debía estar en conocimiento que el cheque (que el acusado le cambió) no tenía liquidez”.

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En todas las denuncias presentadas ante el Ministerio Público el acusado argumentó que cambiaba cheques a sus “amigos y personas de confianza”, y cuando intentaba depositar esos cheques las entidades bancarias no le recibía porque los mismos no tenían fondo. En consecuencia, se presentaba como víctima de estafa y así consiguió la fiscalía acuse por este hecho punible a las víctimas de usura, quienes en su mayoría llegaron a juicio oral y fueron condenadas.

Juicio oral se traslada a sala con mayor espacio

El juicio oral proseguirá mañana, a las 8:00. A pedido de la organización de víctimas de usura la Corte Suprema de Justicia dispuso que el juzgamiento se traslade de la Sala de Juicios Orales N° 9, una de las más pequeñas, a la Sala N° 1 del Palacio de Justicia de Asunción, teniendo en cuenta que al ser más amplia además de las partes podrán ingresar los interesados en seguir ‘in situ’ el juicio oral y público.

El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, integrado por las juezas Claudia Criscrioni (presidenta), Yolanda Morel y Yolanda Portillo, advirtió a los acusados que además de los hechos punibles de usura y lavado de dinero también deben defenderse del delito de denuncia falsa. Esto surge de las pruebas producidas durante el presente juicio oral.

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La acusación fiscal señala que entre los años 2013 y 2018 Ramón González Daher movió la suma de G. 6.539.895.697.879 y afirma que dicho monto es el resultado de la usura, ya que el acusado no tenía empresas constituidas legalmente y los únicos ingresos que tuvo fueron productos de dicho hecho punible.

Atendiendo esta situación el fiscal Osmar Legal solicita el comiso de bienes por la suma de G. 58.493.632.102, que según argumentó el agente es el total de los intereses cobrados en exceso por RGD, entre el 2013 y 2018.