Concejales defendieron ante diputados el pedido de intervención de la Gobernación de Central

AREGUÁ. Esta mañana seis concejales departamentales, todos liberales, se presentaron ante la Comisión especial que analiza el pedido de intervención de la Gobernación de Central. En la ocasión los ediles expusieron sobre las dos causales que incluso son objeto de investigación por parte del Ministerio Público. En uno de los casos el gobernador Hugo Javier González, cartista, y otras 14 personas fueron imputados por lesión de confianza y otros.

Documentos incautados de la Gobernación de Central por el fiscal Juan Ledesma el pasado viernes
Documentos incautados de la Gobernación de Central por el fiscal Juan Ledesma el pasado viernes

Los concejales departamentales Benita Jara, Laura Moreira, Daniel Ferreira, Roque Ávalos, Adrián Billy Vaesken y Derlis Larrosa, fueron los únicos que se presentaron de los 12 convocados por la Comisión especial conformada por 13 diputados de diferentes sectores políticos.

Estuvieron ausentes los liberales, Mario Aguilera, Atilio López, Dilio Ortiz, Jorge Rolón, además de Miguel Villagra (Patria Querida) y Gustavo Machuca (Colorado Añetete). Todos los mencionados, 12 de 21, votaron por la aprobación de la intervención el pasado 8 de noviembre durante la sesión de la Junta Departamental.

En comunicación con el edil Roque Ávalos, manifestó que fueron convocados por el presidente de la comisión especial, diputado Ángel Paniagua (Añetete) para este lunes. En la ocasión los concejales defendieron el pedido de intervención presentando las dos causales que son objeto de investigación del Ministerio Público, cada una como casos independientes.

“Salimos conformes porque tuvimos la oportunidad de exponer todo lo que ya es de conocimiento público. Yo hablé sobre el fondo de emergencia por covid del 2020 de G. 6.382 millones y la concejal Benita Jara sobre las transferencias hechas en 2019 a ONGs, donde más de G. 18.300 millones no tienen respaldo. Todo lo expuesto fue en base a la investigación previa que hicieron las instituciones intervinientes y en base a lo que nosotros ya sabíamos”, dijo Ávalos.

El edil agregó que tanto él como sus colegas esperan que la comisión especial actúe objetivamente ya que las irregularidades en ambos casos, están documentadas y verificadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República (CGR) y la Fiscalía.

Los denunciantes fueron recibidos por los diputados Kattya González (PEN), Rocío Vallejos (PPQ), Ángel Paniagua (ANR Añetete), Édgar Acosta (PLRA), Rodrigo Blanco (PLRA), Enrique Mineur (PLRA). Estuvieron conectados de forma telemática Basilio “Bachi” Núñez (ANR HC), Cristina Villalba (ANR HC) y Miguel Ángel Del Puerto Silva (ANR HC).

Los miembros de la comisión prometieron que antes del 21 de diciembre el pedido de intervención será tratado en la Cámara de Diputados. De confirmarse los hechos denunciados e investigados, y sobre si se dan los votos, el gobernador Hugo Javier puede ser hasta destituido del cargo.

Causales de intervención

El primer caso refiere a la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000), fondo de emergencia sanitaria por covid, que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central en diciembre de 2020, para generar fuente de trabajo durante la pandemia. En la rendición de cuentas aparecen facturas clonadas entre otras irregularidades.

El caso está siendo investigado por los fiscales de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said. Los mismos confirmaron una senda de anomalías en el gasto del dinero público e imputaron al gobernador de Central Hugo Javier González, cartista, y además de otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y declaración falsa.

El segundo caso se trata de millonarias transferencias hechas en el año 2019 donde más de G. G. 18.345 millones no tienen respaldo documental respecto a su ejecución. Es decir, se desconoce el destino del dinero perteneciente al rubro 800, transferencia. El fiscal del caso es Juan Manuel Ledesma y en principio la investigación es por lesión de confianza pero no descartan otros hechos penales, advirtió el agente el pasado viernes durante el allanamiento realizado en la institución departamental, que duró 15 horas.

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