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La Contraloría General de la República (CGR) hizo públicos en los últimos días sus informes preliminares sobre las fiscalizaciones especiales realizadas a instituciones oficiales sobre el uso de las millonarias transferencias en el marco de la emergencia sanitaria por el covid-19.
El resultado de los análisis del ente de control confirmó el escenario más temido, cual es el despilfarro de los recursos públicos, mientras miles de compatriotas fallecían en los centros asistenciales por falta de medicamentos, de insumos y de una infraestructura digna para ser atendidos.
El más escandaloso
El caso más escandaloso sobre la utilización de recursos del Estado involucra al imputado gobernador de Central, el ex animador de fiestas Hugo Javier González (ANR, cartista). El jefe departamental recibió a finales del año 2020 G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de entonces) del Poder Ejecutivo para la reactivación económica del departamento, cuya población estaba golpeada por las medidas sanitarias aplicadas para mitigar la propagación de la enfermedad.
El locutor Nº 2, como se hacía llamar González, lejos de cumplir con dicho objetivo, repartió los recursos a ONG. Una de las beneficiadas fue el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por Tadeo Álvarez, con G. 5.105 millones, mientras que la otra era el Consejo Regional de Salud de Central, a cargo de Hugo Cabrera, con G. 1.276 millones.
En el caso de CIAP, los fondos supuestamente eran para la realización de diversas obras. Sin embargo, una primera verificación de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) detectó que la entidad “sin fines de lucro” presentó en su rendición de cuentas facturas clonadas. Además, tras una visita realizada “in situ” por ambas instituciones, tampoco encontraron las obras presentadas por la ONG.
Todos estos hallazgos derivaron en la presentación en julio último de una denuncia penal ante el Ministerio Público por lesión de confianza, falsificación de documentos y otros supuestos hechos punibles.
Luego de cuatro meses de la denuncia, el 1 de noviembre pasado la Fiscalía emitió la imputación por los supuestos delitos de lesión de confianza, asociación criminal y otros contra el jefe departamental y otras 14 personas. El representante del Ministerio Público que encabeza la investigación, Rodrigo Estigarribia, confirmó a través de su pesquisa preliminar las anomalías detectadas por la Senac y la SET e incluso se agregaron más agravantes como “obras fantasmas” o pago doble por obras ya realizadas.
El proceso contra el exanimador actualmente está paralizado debido a las chicanas presentadas. También está pendiente de resultado en Diputados el pedido de intervención de su gestión.
Sin respaldo
Otro informe preliminar de la CGR, esta vez de la Gobernación de Alto Paraguay, a cargo del exdiputado Domingo “Mino” Adorno (ANR, velazquista), señala que esa institución departamental al igual que Central recibió del Poder Ejecutivo G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) del fondo de emergencia por covid.
Sin embargo, según el análisis del ente de control, Adorno no justificó con documentos respaldatorios la transferencia de los recursos a instituciones educativas y entidades privadas sin fines de lucro. Igualmente, se menciona que la institución departamental entregó G. 2.200 millones al Vicariato Apostólico del Chaco, encabezado por monseñor Gabriel Escobar, para reparar iglesias, en plena crisis sanitaria y económica.
Adorno, asimismo, presentó la realización de obras llamativas como la construcción del segundo piso de un taller mecánico en Puerto Casado. También la construcción de murallas en puestos de salud.
Sigue exento de la Fiscalía pese al rosario de anomalías
El intendente de Asunción, el cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez, es otro ejemplo de despilfarro de los recursos en nombre del covid-19. Esto, según el rosario de irregularidades detectado por la Contraloría General de la República (CGR) tras la verificación de la Dirección General de Contrataciones de la municipalidad.
El documento, de 146 páginas, revela que el intendente, a través de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos, realizó adquisiciones pisoteando la ley 2051/03 “de Contrataciones Públicas”; utilizó pliegos sin requerimientos indispensables, compras por encima de precios referenciales, entre otros. Lo curioso es que a pesar de todo, Nenecho sigue sin ser investigado por la Fiscalía.