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Formalmente, Hugo Javier González y otras 14 personas vinculadas a la Gobernación y la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) están imputadas por cuatro delitos.
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Puntualmente el gobernador está imputado por lesión de confianza, declaración falsa, producción y uso de documentos no auténticos, y asociación criminal por el presunto desvío, solamente indagando dos proyectos firmados entre la Gobernación y la ONG.
El presunto daño patrimonial alcanzaría al menos G. 5.105 millones, que son parte de los fondos de un millón de dólares que otorgó el Ejecutivo para la reactivación económica en el marco de la pandemia de covid-19.
En el “tour” de supuesta obras “fantasmas” realizado el jueves por un grupo de diputados, guiados por el abogado defensor del Nº 2, Bernardo “Lalo” Villalba, no visitaron las obras que se mencionan en el acta de imputación, a excepción del camino de acceso al Consejo Regional de Salud, que ya estaba terminado antes de ser “proyectado” por CIAP.
“Se habría solicitado y pagado por obras inexistentes en papeles en su momento y, posteriormente, se habría acomodado la documentación para tratar de justificar las erogaciones realizadas. Vale aclarar que tampoco se descarta la posibilidad de que se haya pagado dos veces por la misma obra”, destaca la imputación realizada por los fiscales Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said.
Como el caso se va haciendo cada vez más grande, se tuvo que dividir. Además de las sospechas de desvío de los US$ 1 millón de fondos covid, también la Fiscalía trata de determinar el destino de G. 18.300 millones de los fondos propios de la Gobernación del periodo 2019.
Una de estas nuevas líneas investigativas la lidera la fiscala Natalia Fúster, que indaga los desembolsos a la Asociación Tekove Servicios de Acción Social, a la que Hugo Javier le entregó al menos G. 5.196 millones, según lo declarado por ellos mismos, pero que no se sabe dónde fueron a parar.
Fúster advirtió que en dicho caso no se descarta una posible imputación por lavado de dinero, agregando eventualmente un tipo penal más, a los ya adjudicados al Nº 2.
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El fiscal Juan Manuel Ledesma, por su parte, está tras las pistas del destino de alrededor de G. 20.000 millones que fueron entregados al Consejo Regional de Salud del Departamento Central, en ese caso entre 2019 y 2020. Lo más grave es que pese a que ya existían sospechas de irregularidades en las rendiciones de cuentas del Consejo, este año siguió entregando unos G. 1.100 millones. En todos los casos hay evidencia de uso de facturas falsas.