El cartismo y sus aliados pedirán el rechazo o volver a aplazar el estudio hasta marzo del 2022 a pedido del gremio de tabacaleras encabezadas por Tabesa, cuestionada firma insignia del grupo Cartes.
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El gerente de Tabesa y brazo derecho del expresidente Horacio Cartes, José Ortiz, pidió por nota al Senado rechazar el protocolo internacional pese a que la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas observan su cumplimiento en Paraguay.
Ortiz alegó en su carta al Senado que aplicar las clausulas de control y trazabilidad internacional del tabaco ilegal de alguna manera “castiga” a las empresas “legales” en nuestro país y fomenta la fabricación y distribución ilícita de este producto.
El denominado “Protocolo para la eliminación del comercio ilícito de productos de tabaco” fue adoptado en Seúl, República de Corea, el 12 de noviembre de 2012. El presidente Mario Abdo Benítez remitió este pedido de aprobación al Congreso en diciembre de 2018 a pedido de la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
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“Uno de cada diez cigarrillos que se consumen en el mundo provienen del comercio ilícito, afectando principalmente a jóvenes y grupos de personas de escasos recursos, reduciendo los ingresos gubernamentales y aumentando los gastos sanitarios por los problemas de salud causados por el consumo”, alertó la Dra. Lida Sosa, Viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud de la Cartera Estatal.
La Dra. Adriana Blanco Marquizo (uruguaya) es la jefa de la Secretaría del Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT) de la OMS recientemente participó en un foro del tema organizado en Paraguay.
Aplazamientos
Dos meses atrás el estudio del protocolo fue solicitado por la senadora Desiree Masi (PDP). Rápidamente el senador cartista y exministro de Salud Antonio Barrios pidió la postergación para un mejor estudio. El parlamentario y médico dijo que no estaban “en contra” de un protocolo internacional de Salud, pero mentía.
El último aplazamiento el jueves 2 de diciembre fue solicitado por el senador Abel González (PLRA, C), legislador de Amambay y titular de la Comisión de Cooperativismo y Desarrollo. “Corremos riesgo de que lleven sus fábricas y empleos a otros países”, dijo González al reproducir los argumentos de José Ortiz.
Finalmente el pleno, por mayoría de votos, resolvió aplazar el tratamiento hasta el 16 de diciembre, la última sesión del Senado antes del receso parlamentario. Este caso medirá si el Senado se prestará a la ilegalidad para apoyar al cartismo.