En conversación con ABC Cardinal, la diputada opositora y miembro de la Comisión que analiza la solicitud de intervención de la Gobernación de Central, Rocío Vallejo, comentó que el pedido será tratado en la sesión de mañana, miércoles.
Indicó que esta mañana recorrerá los dictámenes de la Comisión, tanto por la aprobación como por el rechazo, en las distintas bancadas de la Cámara Baja para que las mismas puedan tomar una decisión con respecto al pedido de intervención.
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Asimismo, Vallejo refirió que en el transcurso de la mañana de este martes ya podrían conocerse las posiciones de las bancadas oficialistas que aún no se pronunciaron, además del plazo que la Comisión dará a las mismas para presentar su postura oficial.
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“Yo creo que al final de la mañana de hoy se puede consultar al diputado Ángel Paniagua (presidente de la Comisión) cuál es el plazo para la firma. Al final de la mañana creemos que las posiciones estarán tomadas”, declaró.
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Ratificaron aprobación
La diputada también comentó que, si bien desde la oposición al principio del proceso de intervención ya manifestaron su postura a favor, ayer se ratificaron tras la audiencia ante la Comisión en la que el gobernador Hugo Javier González junto con su abogado, Bernardo “Lalo” Villalba, plantearon su descargo.
Según indicó, “las fundamentaciones planteadas como defensa son distractoras, no hacen al fondo de la cuestión, ni desvirtúan para nada los dictámenes que ya tenemos de las entidades de control”, sostuvo.
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En ese contexto, comentó que, “por ejemplo, algo que me convenció totalmente es cuando le pregunto al gobernador por qué teniendo tanta facilidad para poder contratar ONG usted le contrata al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), que tiene una misión específica para construir empedrados y asfaltados; me contesta Villalba que el CIAP tiene como misión mejor la calidad de vida la gente, entonces que al hacer empedrados lógicamente se mejora la calidad de vida de la gente. Ese tipo de argumentaciones le deja a uno sin palabras por el sinsentido de las mismas”.
Irregularidades en administración
La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Contraloría General de la República (CGR) emitieron informes en los que confirmaron los indicios de irregularidades de la administración del “Número 2” en cuanto a los fondos otorgados para reactivar la economía durante la pandemia del COVID-19.
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El político colorado había utilizado a algunas ONG, como CIAP, para desviar los recursos, por lo que está imputado junto con otras 14 personas por lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.