Defensa de Hugo Javier habla de “imputación genérica” y afirma que Fiscalía se presta a algún sector político

AREGUÁ. La defensa del gobernador de Central, Hugo Javier González, cartista, cuestionó la imputación de la Fiscalía y la calificó de “genérica”. Además, afirma que “la intención del Ministerio Público es seguir las instrucciones de algún sector político o algún interés económico para destituir al gobernador”.

Gobernador de Central, el cartista, Hugo Javier González. (captura ABC TV).
Gobernador de Central, el cartista, Hugo Javier González. (captura ABC TV).

Los abogados Andrés Casati, Arturo Daniel y Fausto Portillo, defensores del gobernador de Central, Hugo Javier González, tampoco están de acuerdo con la decisión del Tribunal de Apelaciones que confirmó a la jueza María Elena Cañete para que atienda la causa de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos y asociación criminal, y que lleve a cabo la audiencia de imposición de medidas para los 15 imputados del caso, incluyendo al administrador departamental.

El Ministerio Público solicitó como medida alternativa que el gobernador Hugo Javier al igual que otros funcionarios imputados sean apartados de sus respectivos cargos y no vuelvan a ingresar a la institución. Pero desde el día de la imputación, que tuvo lugar el 1 de noviembre de 2021, la defensa del gobernador presentó innumerables chicanas para dilatar el proceso penal.

Andrés Casati dijo que presentaron varios recursos tras la imputación de su defendido y aseguró que la Fiscalía en dicha imputación “no establece una conducta específica de acción u omisión que haya ejercido” su cliente.

“Por un lado, la imputación habla de que no se realizaron las obras, luego habla de que se realizaron la obras y se pagaron dos veces; y no establece una conducta específica de acción u omisión que haya ejercido mi cliente y tampoco, y mucho menos cuándo, cómo y dónde, que son elementos esenciales, los cuales nos tienen que describir y definir una conducta para que esta defensa pueda asumir una línea de defensa y definamos primero qué hizo el gobernador supuestamente o qué dejó de hacer y cuándo y dónde”, señaló Casati.

El letrado también afirmó “estamos en una imputación genérica, la cual obviamente no podemos desconocer” y habló de “ciertos condimentos políticos e intereses exógenos que se pueden dilucidar simplemente con la medida cautelar estrella que han anunciado pomposamente, que es querer violentar los roles constitucionales y dejar en mano de un juez o de una jueza, que pueda destituir al gobernador”.

Fiscalía, cómplice de intención política

Andrés Casati aseguró que el Ministerio Público se está prestando a un sector político y a intereses económicos, pero evitó dar más detalles. También insistió en que la verdadera intención es destituir al gobernador Hugo Javier para ocupar su silla.

“Nosotros no pisamos el campo político, nos dedicamos únicamente a la defensa técnica y jurídica del gobernador, pero tampoco podemos dejar de desconocer y observar la intención del Ministerio Público, que es seguir las instrucciones de algún sector político o algún interés económico para destituir al gobernador, asumiendo roles constitucionales ajenos, que son los de la Cámara de Diputados, donde fracasó dicha intención”, indicó.

Agregó además que se “quiere trasladar, como es de costumbre, no solo en nuestro país sino también en varios de la región, el problema político al poder judicial y entregar dichos problemas a los efectos de que se desarrolla y que luego termina en un gran abrazo político, y el poder judicial se queda con el problema jurídico político el cual se inició por una situación circunstancial o coyuntural histórica”, remató.

Anunció más chicanas

“Hay varios recursos pendientes por resolver y más lo que iremos analizando que creamos que sean convenientes a la salud del proceso penal, puesto que nosotros como auxiliares de la justicia no podemos permitir de que el campo político invada el campo jurídico”, dijo Andrés Casati.

Los agentes de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera y Luis Said, investigan la ejecución de G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) que el Ejecutivo otorgó a la Gobernación de Central hace un año para la reactivación económica durante la pandemia de la covid-19.

En la rendición de cuentas de la Gobernación aparecen facturas clonadas, facturas de empresas fantasmas, comprobantes reemplazados aparentemente para ocultar desvíos de fondos, entre otras innumerables irregularidades que fueron confirmadas por la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), Contraloría General de la República (CGR) y el Ministerio Público. En la causa fueron imputadas 15 personas incluido el administrador departamental, más conocido como el “locutor número 2″, por su faceta como animador de fiestas.

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