ONG que recibió fondos de la Gobernación de Central para hacer obras no está habilitada

AREGUÁ. Una vez más fue confirmado que la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) contratada por el gobernador de Central, Hugo Javier González, no está habilitada para realizar ningún tipo de obras de infraestructura, según su estatuto social. Sin embargo, la institución departamental le transfirió G. 5.105 millones del fondo covid. En su rendición de cuentas aparece facturas clonadas entre otras anomalías.

Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG CIAP, beneficiada con millonarios fondos y al que apuntan como responsable.
Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, presidente de la ONG CIAP, beneficiada con millonarios fondosArchivo, ABC Color

En febrero 2021 la Gobernación del departamento Central emitió cuatro cheques por el monto de G. 5.105 millones, a nombre de la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), de Tadeo Álvarez, imputado por lesión de confianza, asociación criminal y otros hechos.

El dinero supuestamente era para la ejecución de los proyectos presentados por CIAP denominados como “Construcción y Mantenimiento de Espacios Públicos en el Departamento Central” y “Pavimentación asfáltica tipo empedrado para el Departamento Central”, “sin que la misma esté contemplada en los objetivos de la ONG, según el acta de constitución legal”, dice el informe final de auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

Luego de la verificación documental, se confirmó que CIAP tiene como objetivo “la formación de profesionales en diversas disciplinas mediante la educación de valores, motivación de la comunidad para apoyar la formación de personas altamente especializadas en diversas disciplinas, entre otros”. No se define entre sus fines u objetivos la ejecución de obras de infraestructuras.

El equipo auditor además solicitó al presidente de la ONG, Tadeo Álvarez, todos los documentos originales de la fundación, pero el mismo alegó que lo requerido fue entregado a la Fiscalía, que investiga el caso. Agregó además que no cuentan con copias de los originales.

La ley Nº 6672/21 “que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal 2021″, a través de decretos que regulan dicha normativa, establece que el fin de los fondos transferidos a las entidades beneficiarias deberán estar previstos dentro de los fines u objetivos expresamente descriptos y sustentados en su estatuto o carta orgánica aprobada de la entidad.

Según la evaluación de los auditores, el descargo hecho por el gobernador Hugo Javier (cartista) “no justifica lo observado por el equipo auditor puesto que, la ONG no se dedica o no tiene como finalidad la ejecución de obras de infraestructura, conforme consta en su estatuto de constitución. Tampoco se evidencia en los documentos anexados al descargo una modificación de los estatutos de la entidad, objeto para el cual fue beneficiada con fondos del Estado, por tanto, el equipo auditor se ratifica en lo observado”, dice el informe.

Finalmente, como en todas las observaciones la CGR recomendó al gobernador Hugo Javier “velar por el uso razonable y responsable de los recursos, asegurando la transparencia de fondos a entidades cuyas finalidades concuerden con la contraprestación efectiva de los servicios para el cual fueron requeridos”.

El gobernador Hugo Javier, Tadeo Álvarez y otras 14 personas fueron imputadas por lesión de confianza, declaración falsa, asociación criminal y producción de documentos no auténticos, referente a la ejecución de US$ 1 millón (G. 6.382 millones) que el Ejecutivo entregó a la Gobernación de Central para generar fuentes de trabajo en el departamento. Se sospecha que unos G. 5.105 millones, monto entregado a la ONG CIAP, habría sido desviado a través de la fundación.

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