Grupo enviaba cocaína bajo fachada de licitud y con mensajes cifrados

La estructura narco, para no levantar sospechas en sus movimientos financieros, aparentaba una alta demanda en el comercio exterior. Para ello, sus líderes coordinaban la provisión logística y pago de la droga a través de aplicaciones difíciles de intervenir, según la investigación del Ministerio Público en la “Operación A Ultranza PY”.

Camiones incautados durante los primeros allanamientos y que eran usados para mover la droga.
Camiones incautados durante los primeros allanamientos y que eran usados para mover la droga.GENTILEZA

La megaestructura narco, responsable de cargamentos de 1.131 kilos de cocaína que fueron incautados en el puerto de Amberes, en Bélgica, en 2020, así como de los 10.964 kilos que también cayeron en ese país en 2021 y de los 4.174 kilos que cayeron en Rotterdam, Países Bajos, está liderada supuestamente por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera (30 años), alias “Facilitador”, quien para la Fiscalía es el encargado de nuclear a las organizaciones de Paraguay y obtener la cooperación de los conjuntos extranjeros, especialmente de Bolivia, para la provisión de la cocaína.

Despliegue de logística

Cuando el grupo de Marset ya tenía la droga, era turno de Miguel Ángel Insfrán Galeano (40), alias Tío Rico, quien con aviones, tres de ellos registrados a nombre de sus empresas “Barakah SRL”, “El Porvenir SA”, dedicada a la metalúrgica, y “Agroganadera e Industrial Sol Naciente SA”, y camiones con sus respectivas carretas adecuadas con doble fondo, para el traslado de la sustancia de un punto a otro.

Las tres aeronaves utilizadas pertenecían a Gilberto Esteban Sandoval Giménez, quien contaba con una flota total de 13 naves, todas al servicio del grupo narco, pero que, para no despertar sospechas, registraba las mismas a nombre de personas físicas y jurídicas.

Así, la cocaína era trasladada de Bolivia a Paraguay en aviones con matrículas bolivianas. Estos bajaban en una pista clandestina de la Reserva Natural Cabrera-Timané, en Alto Paraguay, donde se hacía el trasbordo de la carga a un avión paraguayo que trasladaba la droga a un establecimiento de Insfrán, en Benjamín Aceval, departamento de Presidente Hayes.

De este último punto, la cocaína era llevada oculta en los camiones de Insfrán hasta depósitos de importante tamaño que él tenía dentro del departamento Central. Esto facilitaba su salida más adelante a través de los puertos hacia el exterior.

Fachada

Para remitir la cocaína al continente europeo o africano, la estructura fabricaba un perfil confiable, que no levantase sospechas de las autoridades del Estado.

Es así que, según la imputación fiscal, “por indicación de Sebastián Marset, los representantes de las sociedades que fueron constituidas en nuestro país intercambiaban correos electrónicos con empresas importadoras del extranjero, que por lo general eran empresas clonadas que utilizaban la razón social de firmas ya existentes en Europa”.

Así daban una apariencia de alta demanda dentro del comercio internacional, para que a través de ella, las empresas locales, montadas por otros integrantes de esta asociación narcotraficante, pudieras ir generando una supuesta demanda de productos o mercaderías, del rubro al que se dedicaban, para luego emitir una factura proforma.

Todo esto contribuía en el refuerzo a la fachada lícita con la que supuestamente estaban actuando para el envío de cocaína a gran escala hacia Europa o África.

Además, entre algunas negociaciones, hacían transferencias electrónicas internacionales de dinero, con el fin de dejar registros relacionados a sus movimientos financieros. Con esta actividad aparentaban un flujo de capital constante, propio de una empresa lícita y dedicada al comercio extranjero.

Ya en la etapa final, para la remisión de la cocaína, según la investigación fiscal, entraba en juego Luis Fernando Sebriano González (47), quien era el encargado de realizar los trámites con

la Dirección Nacional de Aduanas y con las empresas marítimas, que llevarían los contenedores a su destino.

Comunicación

La coordinación de actividades entre los integrantes principales del presunto conjunto ilícito, Marset e Insfrán, se llevaba a cabo mediante comunicaciones “encriptadas”, que se hacían a través de aplicaciones

como “Sky ECC”, “Line” y “Signal”, que son difíciles de intervenir y, comúnmente, son utilizadas por organizaciones criminales para cubrirse las espaldas.

Precisamente, dentro de “Sky ECC” cada integrante de la estructura contaba con pines y alias mediante los cuales eran identificados.

De esta forma Sebastián Marset se identificaba dentro de la red con los alias de “Omelet”, “Dor”, “Favo”, entre otros; mientras que Insfrán interactuaba con los alias de “Macron”, “Rally”, “Skoda”, y otros más, siempre de acuerdo con la imputación de la Fiscalía.

En cuanto a los cargamentos que eran enviados a Europa y África, para su distribución la estructura identificaba los paquetes con

marcas como: “Fendi”, “Piña”, “Corso”, “Mont Blanc”, “KTM”, “Bugatti”, “CNGE”, “Fenix”, “Aries”, “Sedex”, “Box”, “Base”, entre otras.

El método de pago

El grupo utilizaba la modalidad de “Token”, consistente en la facilitación de claves numéricas para cada operación y para su identificación dejaban inscriptos en los billetes la denominación de PCU, en referencia a Sebastián Marset, quien justamente tiene tatuadas las siglas en una muñeca.

Dentro del sistema de pago, el grupo enviaba el código de seguridad que representaba la suma a ser recibida como pago por la droga remesada. Ese dinero ya había sido introducido para ese momento al sistema financiero mediante transferencias electrónicas, controladas por otro grupo que estaba encargado de entregar las ganancias, previa deducción del pago por comisión.

Ese dinero primero pasaba por Bolivia, Brasil, Argentina y Uruguay, donde se sospecha que Marset tendría cuentas y, por último, Paraguay, según la Fiscalía.

El grupo ofrecía a US$ 14.500 cada paquete de cocaína, pero para al mercado europeo era US$ 25.000 por kilo. En cuanto a lo concretado en África, la ganancia habría sido de US$ 18.429.500, y para firmas y personas, fueron de US$ 500 mil por cada operación.

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