Mercat: Galindo habría pagado fortuna por su libertad y para frenar publicaciones

El cuadernillo de anotaciones que fue incautado de la casa de Walter José Galindo Domínguez (32) reveló que el ahora procesado por narcotráfico, lavado de dinero y asociación criminal, pagó un total de G. 716.700.000 para recuperar su libertad en un proceso que se abrió en su contra en 2021 y durante el cual, incluso, se cambiaron las evidencias.

Anotaciones de Walter Galindo con millonarios pagos efectuados supuestamente a jueces, especialistas, médicos y a la prensa.
Anotaciones de Walter Galindo con millonarios pagos efectuados supuestamente a jueces, especialistas, médicos y a la prensa.Gentileza

En el allanamiento al domicilio de Galindo Domínguez, en el marco del operativo Mercat, se incautó una agenda con anotaciones hechas por él, con el título “Mis gastos” y debajo, bien detallado, los millonarios montos pagados a jueces, a la prensa y médicos. Su “inversión” totalizó G. 716.700.000.

Entre los pagos más destacados de Galindo figuran US$ 50.000 equivalentes a G. 345.000.000 a una “Dra”, US$ 10.000 consistentes en G. 68.800.000 entregados a un “Dr.”. Sobre estos se indaga si fueron hechos para que se le otorgue la libertad, y a un médico forense, para que certifique el padecimiento de una enfermedad terminal a través de certificados médicos originales, pero de contenido falso.

Incluso aparece la inscripción “Prensa” a la que fue destinada la suma de US$ 7.000, consistente en G. 34.400.000, para supuestamente frenar las publicaciones sobre este caso.

Así también, aparece la denominación “Senad” (Secretaría Nacional Antidrogas), a la que según la agenda se habría destinado la suma de G. 15 millones y también, “Judiciales” con la entrega de G. 11.500.000. Todo esto, se presume que habría sido para protección y agilización de trámites, según indicaron a ABC fuentes cercanas a la investigación.

Organización del grupo liderado por Galindo

Para los investigadores, Walter Galindo buscaba posicionar su estructura como la principal distribuidora de cocaína dentro del departamento Central. Es así que, en la distribución de funciones, Galindo era quien daba las directrices a quienes estaban bajo su mando.

Los subalternos, jóvenes de 19 a 23 años, son en su mayoría universitarios de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, con sede en Santísima Trinidad, donde los mismos incluso serían alumnos de fiscales de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico.

Incluso se tiene el dato de que dos hermanos detenidos tienen otro hermano dentro de la Fiscalía Antidrogas, donde se desempeña como asistente de un agente recién asignado a la unidad. Con esto se presume que tendrían conocimiento anticipado de los operativos.

Junto con Galindo fue apresada su pareja Luz Antonella Guerrero Quintana (23), encargada de la contabilidad del grupo. Ella recibía el dinero obtenido de la venta de las dosis que realizaban los jóvenes. El conjunto comercializaba al menos 40 kilos de cocaína a la semana.

En cuanto a la mercancía, la estructura la conseguía de las zonas fronterizas como Concepción y Pedro Juan Caballero. Esta llegaba como encomienda a la capital. La distribución de la droga se hacía por lo general en los barrios San Vicente y Bernardino Caballero, así como en Villa Elisa, Lambaré y otras zonas.

Llamativos giros en caso de Galindo

Galindo cayó el sábado último, por segunda vez en su casa, por el operativo “Mercat” como presunto líder de una estructura narco responsable de la distribución de cocaína en el departamento Central. En la ocasión se constató que el detenido tiene un proceso del 2021 por tenencia sin autorización de drogas, reducción y violación de la Ley de Armas. En este caso, la jueza de Lambaré Isabel Bracho le otorgó arresto domiciliario, con permiso para trabajar de 07:00 a 17:00.

Todo empezó el 13 de mayo de 2021, cuando la fiscala de San Lorenzo María Genoveva Figueredo allanó la casa de Galindo en busca de una placa policial y un arma de fuego, hurtados de un policía del Departamento Contra el Crimen Organizado, que fueron recuperados en dicha ocasión. También se encontró un kilo y medio de cocaína y G. 133.000.000 que habría usado para “gestionar” su libertad.

Sin embargo, por jurisdicción el caso quedó asignado luego a la fiscala Egidia Gómez, quien imputó a Walter Galindo por tenencia sin autorización de drogas, reducción y violación de la Ley de Armas. Además solicitó a la jueza Penal de Garantías de Lambaré Isabel Beatriz Bracho de Benítez, la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva.

A pesar del pedido de la fiscala, la jueza le otorgó el arresto domiciliario por el contexto de la pandemia y el hecho de que las cárceles estaban cerradas. Además, agregó que el entonces jefe de la Brigada Central, comisario Marcelino Espinoza, le había informado que Galindo tenía una enfermedad terminal, según dijo en comunicación con ABC Cardinal.

Sobre las afirmaciones de la jueza, el comisario Espinoza fue consultado y desmintió los dichos de la administradora de justicia.

Galindo tenía permitido trabajar por orden judicial

Una semana después del operativo, la misma jueza Isabel Bracho dictó otra resolución judicial mediante la cual otorgó a Walter Galindo permiso para trabajar en horario de 07:00 a 17:00.

De cara a la audiencia preliminar por el caso, Galindo recusó a la fiscala Egidia Gómez en cuyo reemplazo asumió la fiscala Hermenegilda Cubilla, quien inmediatamente también fue recusada por el procesado. A consecuencia de esto, la audiencia se postergó. Además estaba pendiente el resultado del análisis de la cocaína a cargo de Laboratorio Forense de la Fiscalía.

Luego asumió el fiscal Osmar Segovia, quien recibió el resultado del análisis laboratorial del paquete hallado en la casa de Galindo que, para su sorpresa, dio como resultado bicarbonato de sodio. A todo esto, tenía el pedido de sobreseimiento definitivo al que, con autorización de su superior el fiscal Adjunto Antidrogas Marco Alcaraz, se allanó por la cuestión de la droga.

Sin embargo, en cuanto a la reducción y la violación de la Ley de Armas, la jueza Bracho también le otorgó criterio de oportunidad. Ya cuando el expediente volvió a la unidad de la fiscala Hermenegilda Cubilla, esta apeló la decisión judicial. Hasta el día de hoy no hay resolución sobre esta cuestión.

Captura nacional para otros tres

La jueza Rosarito Montanía ordenó la captura nacional de César Andrés Godoy, alias “Gatito”, Alberto Fernando Emanuel Paniagua, alias “Pobre”, y Fares Dan Ortiz Deleón, supuestos integrantes de la estructura narco supuestamente liderada por Walter José Galindo Domínguez, detenido el sábado último en su vivienda en Villa Elisa.

La mayoría de los procesados son estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

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