El mencionado proyecto de ley figura como primer punto del orden del día de la sesión ordinaria convocada hoy para las 08:30.
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El proyecto original fue propuesto por la propia Contraloría General de la República, con el objetivo de que ya no se requiera recurrir judicialmente para publicar las declaraciones juradas (DD.JJ.) sino que se haga automáticamente considerándolas información pública, sin embargo fue modificado en el artículo 14 (ver infografía) por los cartistas en Diputados.
En el primer trámite legislativo, la modificación de ley que pretendía mayor trasparencia fue bastardeada por legisladores que responden al movimiento Honor Colorado (cuyo líder es el expresidente Horacio Cartes), eliminando la posibilidad de remitir a Fiscalía casos de omisiones u errores que no puedan considerarse involuntarios.
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Ante tan grave situación, el Senado volvió a modificar el cuestionado artículo, restituyendo las facultades que originalmente fueron solicitadas por la Contraloría.
Para imponer su versión, Diputados requiere de mayoría absoluta, es decir, 41 votos, con los cuales –según sondeo preliminar– ya cuentan, sumando a los cartistas (25), colorados oficialistas (18) y la bancada llanista (4), entre otros.
A propósito, los defensores de la versión de Diputados tratan de confundir diciendo que cualquier falla sería imputable a los declarantes, sin embargo, la propia ley aclara que los errores involuntarios no son sancionados.
Varios interesados
Entre los que votarían hoy, hay varios interesados directos o indirectos en despenalizar los “olvidos” en estos documentos públicos.
El cartismo, impulsor de la versión Diputados, sobre todo tiene amplio interés, ya que su líder, el expresidente Cartes, fue denunciado ante la Fiscalía General del Estado el 8 de octubre del año pasado por omitir la empresa offshore que tenía en Panamá, la cual recién se apuró en reportar cuando fue descubierto por una investigación periodística internacional.
También, el diputado Erico Galeano (ANR, cartista), investigado por el operativo “A Ultranza”, no declaró inicialmente, entre otras cosas, una lujosa residencia que luego terminó en manos de uno de los presuntos “narcolavadores” procesados.