Atractivo de Triple Frontera para crimen organizado ha aumentado, según informe

Un reporte de la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas señala el “riesgo para la seguridad” que supone la convergencia de intereses criminales y terroristas en la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

Vista aérea de Ciudad del Este, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.
Vista aérea de Ciudad del Este, en la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay.

En un informe titulado “El lado oscuro de las economías ilícitas y el lavado de dinero basado en comercio: zonas de libre comercio, puertos y paraísos fiscales”, la Coalición Internacional contra las Economías Ilícitas señaló como un punto preocupante la zona de la triple frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, que durante mucho tiempo ha sido considerada terreno propicio para acciones ilegales de organizaciones criminales.

En el capítulo dedicado a la Triple Frontera, el informe habla de que factores como la inestabilidad económica de Venezuela y el endurecimiento del combate al lavado de dinero en Panamá y el Caribe han vuelto más atractiva la zona de la frontera compartida por Paraguay, Brasil y Argentina a los ojos de grupos criminales internacionales que buscan lavar activos.

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“La convergencia de intereses criminales y terroristas supone un riesgo de seguridad importante porque ofrece la posibilidad de transportar productos a través de las fronteras con bajo riesgo de intromisión por parte de las autoridades”, señala el informe. “Debido a la insuficiente regulación estatal de la Triple Frontera, el crimen organizado cuenta con una vía vital para transportar bienes y servicios ilegales”, añade.

El informe cita como ejemplo el contrabando de cigarrillos de Paraguay a Brasil, que -según sus estimaciones- supone un perjuicio económico de alrededor de US$ 900 millones al año para el Estado paraguayo y cuyas ganancias ilegales “en su mayoría se asume son utilizadas para financiar a organizaciones criminales y terroristas transnacionales como Hezbolá, que tiene una notable presencia en el área”.

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El reporte también hace eco de los presuntos vínculos del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) con el contrabando de cigarrillo y el crecimiento de su patrimonio económico en US$ 360 millones durante su tiempo en el Gobierno, señalándolo como “un ejemplo de cómo la Triple Frontera favorece la corrupción y el lavado de dinero”.

Los supuestos vínculos del expresidente Cartes y su empresa Tabacalera del Este SA con el contrabando de cigarrillos y el lavado del dinero producido por esa actividad ilegal fueron denunciados por medios de comunicación y organismos estatales como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero.

La pasividad del Ministerio Público ante esas denuncias es una de las causales del actual pedido de juicio político contra la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, acusada por miembros de la oposición política e incluso del oficialismo de la Asociación Nacional Republicana (ANR) de estar subordinada a los intereses del expresidente Cartes.

El informe también hace hincapié en el aumento de la población musulmana en la Triple Frontera en las últimas dos décadas, afirmando que ese fenómeno demográfico ha sido explotado por individuos vinculados a grupos islamistas como Al Qaeda, Hamas o Hezbolá, que supuestamente han utilizado la zona para recaudar financiación.

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