Libertad de prensa y acceso a la información están en riesgo

El Poder Judicial tiene en sus manos una serie de causas con las que se busca poner trabas a la libertad de expresión y prensa y al libre acceso a la información pública. La Corte Suprema debe definir el intento del Banco Central del Paraguay (BCP) de esconder datos sobre el usurero Ramón González Daher. Aduanas negó datos a un ciudadano. Hay procesos que buscan la censura.

La Corte Suprema tiene en su poder poner freno a reiterados ataques al acceso a la información.
La Corte Suprema tiene en su poder poner freno a reiterados ataques al acceso a la información.gentileza

Hay funcionarios que se niegan a entregar información pública y llegan incluso a estrados judiciales para que la ciudadanía no acceda a ella, existen procesos penales que buscan censurar la libertad de expresión, de prensa, y para no dar información pública. Y falta la definición de casos clave por parte de la Corte Suprema de Justicia. Todos estos elementos han puesto en riesgo libertades básicas consagradas en la Constitución Nacional.

A continuación enumeramos algunos casos en los que el Poder Judicial puede ponerle freno, al ataque a la libertad por parte de algunos sectores.

BCP oculta información

El Banco Central del Paraguay (BCP) se niega de forma sistemática a entregar una resolución a través de la cual habría permitido al imputado Ramón González Daher percibir unos US$ 4 millones, en el proceso de quiebra de la extinta Financiera Ára.

Tan reticente es la banca matriz a entregar información pública, que presentó una acción de inconstitucionalidad para no cumplir dos sentencias judiciales que ordenan la publicación de los documentos ya a finales de 2020.

La máxima instancia judicial notificó en setiembre de 2021 que la Sala Constitucional sería ampliada al pleno de la Corte para resolver la acción.

La Sala Constitucional ampliada que estudiará el caso estará conformada por los ministros Antonio Fretes, César Diesel, Eugenio Jiménez Rolón, Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia, Alberto Martínez Simón; y los camaristas Juan Carlos Paredes y Mirtha Ozuna de Cazal.

Ramón González Daher, acusado por supuesto lavado de dinero y usura, habría sido beneficiado por una resolución del Directorio del Banco Central del Paraguay en el marco del proceso de quiebra de Financiera Ára.

González Daher tenía aproximadamente US$ 4 millones en dicha financiera al momento de su quiebra.

De acuerdo a algunas versiones, el Directorio del BCP le habría permitido cobrar esa misma suma, muy por encima del límite permitido por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Este documento es el que no dan.

Tal es el nivel de secretismo que la banca matriz se negó a entregar estos informes incluso al Senado.

La resolución fue emitida bajo la presidencia de Carlos Fernández Valdovinos y durante el gobierno de Horacio Cartes.

Cartes encabeza el movimiento Honor Colorado del que formaba parte el condenado exsenador Óscar González Daher (+), hermano de Ramón. Fernández Valdovinos sigue siendo allegado al expresidente Cartes y actualmente es presidente del banco Basa, propiedad de la familia del exmandatario.

Gratuidad o no, pendiente

Otro caso que debe definir el máximo tribunal de la República es uno en el que abogados del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) pretenden cobrar a un ciudadano que se “atrevió “a pedir información pública a la institución.

En 2019, la Corte decidió dar trámite a la acción de inconstitucionalidad planteada por Daniel Vargas Téllez, excandidato a diputado por el departamento Central, contra los fallos judiciales en dos instancias en los que no solo le negaron acceder a información pública, sino que también lo obligan a pagar las costas del proceso a los abogados del TSJE.

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Vargas había presentado en mayo de 2018 una solicitud de acceso a la información pública en la que pedía que el TSJE le entregara copias de cada uno de los tres sobres de actas electorales de las mesas de votación de los 21 locales habilitados en la ciudad de San Lorenzo.

La petición fue respondida fuera de tiempo por la institución y nunca le entregaron la información requerida.

El tribunal de alzada no solo denegó la información solicitada por Vargas, sino que también lo ha condenado a pagar las costas de primera y segunda instancias sin presentar un solo argumento. El caso sigue sin resolverse en la Corte Suprema.

Aduanas esconde datos

El caso más reciente de la violación de la ley de acceso a la información pública se produjo en las últimas semanas, por parte de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), encabezada por el denunciado Julio Fernández.

El ciudadano Artemio Speranza solicitó el 29 de mayo último que la DNA le entregara datos del comercio exterior que están en poder de la institución. En concreto pedía, por ejemplo, números de despacho, datos de los importadores, transportistas, origen y procedencia o destino, entre otras cosas.

El pedido de Speranza dejó claramente establecido que no solicitaba datos que pudieran ser considerados privados y hasta contó con el apoyo del Centro de Importadores, que se sumó al pedido de publicación de datos mínimos.

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Aduanas se negó a entregar la información utilizando una interpretación bastante llamativa de los términos del Código Aduanero, transformando así información que debería ser pública en secreta, sin mayor argumento legal.

Llamativamente la jueza Marcela Guadalupe Fernández Celauro hizo lugar solo de forma parcial al amparo de acceso a la información planteado por Speranza contra Aduanas y ordenó que la institución entregara la información que no fuera confidencial, dejando al arbitrio de la DNA nuevamente qué información debía entregar o no. Ante esta situación, Speranza recurrió la decisión.

El tribunal compuesto por Geraldine Cases, Julio César Centeno y presidido por Ángel Daniel Cohene volvió a negar la información, pero lo más grave del caso es que impuso costas al ciudadano que pidió los datos que son públicos.

CUESTIONADO ARTÍCULO EN LEY

Otro punto que podría representar un riesgo para la ley de acceso a la información pública es un artículo en particular del proyecto de ley de datos personales que debe ser analizado en la Cámara de Diputados.

El artículo 40 del señalado texto dice que deberá existir un dictamen para solicitar datos en casos en los que se alegue supuesto conflicto entre privacidad e información pública. “Se supone que a mayor responsabilidad pública, menor ámbito de privacidad. Ahora quieren que haya un dictamen”, cuestionó el abogado Ezequiel Santagada.

Exfuncionaria cartista sigue con su afán de persecución

Marta González Ayala, exviceministra de Tributación de Horacio Cartes, sigue con su persecución judicial contra Natalia Zuccolillo, directora, y Juan Carlos Lezcano, periodista de ABC Color.

Este miércoles debe realizarse la segunda jornada del primer juicio planteado por González Ayala y su marido, Jacinto Santa María, contra nuestros compañeros de trabajo.

González planteó una serie de demandas como consecuencia de publicaciones de nuestro diario. En el proceso iniciado la semana pasada ante el juez Wilfrido Peralta, la exfuncionaria pública dijo sentirse agraviada por publicaciones con respecto al proceso de contratación por la vía de la excepción para la actualización del sistema tributario Marangatu 2.0.

La única persona que declaró la semana pasada fue la propia González, quien a su vez fue convocada por sus abogados como testigo.

González Ayala dijo haber sido “víctima” de “mentiras impías” publicadas por nuestro diario sobre el señalado proceso de compra pública.

En concreto, nuestro compañero había publicado que se utilizó una supuesta “urgencia impostergable” para utilizar la vía de la excepción y entregar el contrato de US$ 3 millones al Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT).

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Al momento de ser interrogada por Rodrigo Yódice, abogado de nuestros compañeros, la ex alta funcionaria reconoció haber recibido mucho tiempo antes los primeros informes con respecto a la situación del sistema Marangatu.

En concreto, González Ayala reconoció que poco después de asumir al frente de la SET (agosto de 2013) recibió las primeras advertencias sobre la insostenible situación del sistema tributario.

Corte debe analizar caso

Yódice comunicó la semana pasada al juzgado la presentación de una excepción de inconstitucionalidad contra los artículos 150, 151 y 152 del Código Penal, por considerar que su aplicación en el juicio impulsado por la exviceministra de la Subsecretaría de Tributación vulnera los artículos 11, 16, 17.1, 17.3, 26, 28 y 29 de la Constitución y el Art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en la forma en que ha sido interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Arts. 137, 141 y 145 de la Constitución).

La excepción fue radicada ante el juez Peralta al inicio del juicio contra nuestros compañeros, para su posterior derivación a la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Integran dicha sala los ministros Antonio Fretes, César Diesel y Víctor Ríos, quienes deberán analizar el recurso.

Llamativa decisión de juez

El juez Juan Carlos Zárate dispuso modificar su agenda y adelantar de febrero del 2023 a setiembre próximo otro juicio planteado por Marta González y Jacinto Santa María contra nuestros compañeros.

Zárate había decidido el pasado 30 de junio fijar el juicio para febrero de 2023 y más de un mes después Santa María presentó una reposición contra esa resolución del magistrado, quien terminó cediendo.

Lo llamativo del caso es que en el recurso planteado por Santa María no estableció cuál sería el perjuicio real que produciría que el juicio se realice en febrero próximo. Su fundamentación se basó apenas en que en otro proceso presentado por los mismos contra nuestros compañeros existieron muchas dilaciones y que la causa (actualmente en juicio) corre el riesgo de caducar.

Zárate dio lugar sin establecer fundamento alguno y dejando en duda su posición de ecuanimidad para resolver el caso.

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