Por resolución, la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, designó a la fiscala Liliana Alcaraz, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, al frente de la investigación relacionada al supuesto lavado de dinero y la malversación de fondos cometidos a través de la Cooperativa San Cristóbal Limitada, según detectó y denunció el Incoop.

De esta forma, la agente fiscal Alcaraz queda como responsable de indagar sobre las irregularidades que fueron detectadas por el Incoop durante la auditoría llevada a cabo en la entidad cooperativa desde el mes de marzo último.

La intervención permitió constatar un desfalco que rondaría los G. 10.000 millones.

Pese a que esta causa deriva del denominado operativo A Ultranza Py, este proceso seguirá a cargo del fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha Contra el Narcotráfico, quien está a cargo de las diligencias relacionadas a los integrantes de una estructura narco liderada supuestamente por el uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Así, la investigación internacional se divide en dos ramas.

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Hallaron varios delitos

En su comparecencia ante la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero del Congreso Nacional, el titular del Incoop, Pedro Löblein, había señalado que existen sospechas graves de lavado de dinero, ya sea a través de la captación de ahorros o la concesión de créditos.

“Ahí hay desde estafa y todo lo que pueda considerar dentro de un delito en los hechos que estamos denunciando a la fiscalía”, había dicho Löblein.

Con relación al otorgamiento de préstamos, Löblein reconfirmó que el consejo de administración hizo caso omiso a los dictámenes técnicos en los cuales se recomendaba el rechazo. Dijo que existen casos en los cuales se entregó créditos con 770% sobre el nivel de endeudamiento, mientras que los reglamentos hablan de entre 30% y 40% de capacidad de pago.

Dichos préstamos se realizaron en los años en que Juan Carlos Ozorio Godoy, imputado por presunto lavado de dinero, tráfico de drogas y asociación criminal, estuvo al frente del Consejo Directivo de la Cooperativa San Cristóbal.

El titular del Incoop declaró que cinco instancias dentro de la cooperativa tampoco reaccionaron para detectar las irregularidades. Se refirió a la Junta de Vigilancia, auditoría interna, oficial de cumplimiento, comité de cumplimiento y la auditoría externa.

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Se abrió sumario administrativo

A la par de la remisión del informe al Ministerio Público y a la Seprelad para su análisis, el Incoop sumarió a once personas, entre directivos entre los años 2017 y 2022 y gerentes. A este proceso se dio apertura ante 18 puntos hallados sobre sospechas graves de lavado de dinero.

El diputado y aspirante al Senado Basilio “Bachi” Núñez -que integra la CBI y figura en el informe del Incoop sobre la Cooperativa San Cristóbal como uno de los que accedieron a créditos sin cumplir los requisitos- aprovechó la reunión para realizar una especie de defensa sobre su caso particular, diciendo que dos meses antes de la puesta en marcha de la operación “A Ultranza Py” estaba negociando un pago e incluso “honró los intereses”.

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El titular del Incoop, Pedro Loblëin, le respondió que dentro de las carpetas aparece que tiene préstamos bajo la modalidad de “descuentos de cheques” y “a sola firma”. Sin embargo, le detalló que está el préstamo de alrededor de G. 1.000 millones (a sola firma y sin garantía real) que obtuvo en el año 2017 y en noviembre del 2020 fue refinanciado.

El informe del Incoop habla precisamente de que en lo que respecta al préstamo de G. 1.000 millones obtenido en 2017 no pagó nada, por lo que lo refinanció el 19 de noviembre de 2020. La refinanciación, con quita de intereses, es la que Bachi no volvió a pagar ni una sola de las cuotas de G. 103 millones, dice el documento.