La Gobernación del Guairá está custodiada por más de 90 efectivos policiales, entre ellos pelotones de antidisturbios, para evitar cualquier eventualidad o incidentes como se registraron días atrás en el despacho que hoy ocupa a la fuerza el gobernador Juan Carlos Vera, quien reclamó su cargo después de que concluyeran los 90 días de plazo de la intervención. Sin embargo, todavía no puede disponer de los recursos como ser Fonacide, royalties y otros rubros con que cuenta la institución.
“Según las documentaciones que tenemos, el interventor Pablo Vera Insaurralde es y seguirá siendo el ordenador de gastos de la Gobernación del Guairá hasta que se revoque el decreto presidencial que así lo dispone”, explicó el gerente regional del Banco de Fomento de Villarrica, Luis Fernando Galeano.
Actualmente, la crisis jurídico-política persiste dentro de la institución con tres gobernadores de facto: por un lado, el gobernador Juan Carlos Vera, quien está atrincherado en el despacho de la institución; el presidente de la Junta Departamental, Juan Rojas (PLRA), quien se autoproclamó encargado de despacho, y por otro, el interventor Pablo Vera Insaurralde, que alegó que no dejó la administración a cargo de nadie y que sigue siendo el ordenador de gastos.
Al respecto, el alto funcionario de la entidad bancaria indicó que cualquier desembolso que la Gobernación requiera pasa por la firma de Vera Insaurralde hasta tanto se revoque el decreto presidencial o algún documento que ordene lo contrario.
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“La Gobernación del Guairá cuenta con aproximadamente seis o siete cuentas, si no recuerdo mal, todas están activas y cualquier desembolso que la Gobernación requiera pasa por la firma del interventor. Apenas tengamos algún documento en contrario lo estaremos derivando a nuestra asesoría jurídica para su evaluación”, señaló Galeano.
No hay solicitud de cambio de firma del interventor
Asimismo, comentó que de momento no se ha presentado ninguna solicitud de cambio de los registros de firma ante el banco, por lo que la firma de los cheques y desembolsos para el pago de salario de los funcionarios de la Gobernación lo harían los interventores.
“Debemos tener una comunicación oficial de la Presidencia para que haya algún cambio. Actualmente, los firmantes son Clara Demattei y Diego Sánchez. Hasta el momento no hay solicitud de cambio de firma, ni del gobernador Vera Báez ni de nadie más”, puntualizó el gerente del banco.
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Amparo constitucional
Tanto el gobernador Juan Carlos Vera (ANR, HC) como el presidente de la Junta Departamental, Juan Rojas (PLRA), presentaron un amparo constitucional ante los estrados judiciales a fin de quedarse con el sillón departamental, pero hasta el momento no hay resolución judicial.
Con el mencionado recurso, Vera pretende ser restituido en el cargo, mientras tanto la Cámara de Diputados se expida con relación a su destitución o no. Por su parte, Rojas busca quedarse con el cargo como encargado de despacho, alegando que el gobernador no puede estar al frente de la institución por las graves irregularidades y supuesto despilfarro de más de G. 18.000 millones por los cuales se lo acusa.
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