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El ministro Santander Dans explicó en la sesión de este miércoles 21 de junio, que ante el cuestionamiento a la labor de la fiscala Stella Mary Cano, el 26 de abril pasado solicitó la realización deauditorías sobre los casos conocidos como Caja de Jubilaciones Bancaria y Mocipar cuyos dictámenes ya concluyeron y las mismas determinan las responsabilidades de las actuaciones de jueces y fiscales.
“Quiero mencionar, principalmente, que me parece vergonzosa las actuaciones de la fiscala en estas dos causas que fueron llevadas por la misma agente (Stella Mary Cano), en las cuales se siguen el mismo sistema, porque, primero, imputan, luego piden prórroga extraordinaria, luego acusan, se realiza la audiencia preliminar en la que piden el sobreseimiento provisional para realizar una serie de diligencias investigativas”, indicó el ministro de Corte.
Agregó: “Posteriormente solicitan la reapertura del proceso, con la salvedad, que realizan en el último día que tienen para ello. Luego de 4 años se realiza la audiencia preliminar, se ratifica en la acusación”.
En el caso de la Caja de Jubilaciones, el ministro dijo que se ratifica la acusación pero luego solicita la extinción de la causa, eso merece la oposición de la jueza, se remite el expediente a la Fiscalía General del Estado, donde la fiscala adjunta Patricia Rivarola se ratifica en el sobreseimiento definitivo (a pesar de que se debía expedir sobre el pedido de extinción de la fiscala Cano). En este proceso supuestamente no tenían prueba para llevar adelante el proceso”.
En el caso Mocipar, -prosiguió Santander Dans- ocurrieron los mismos hechos, imputan, piden prórroga extraordinaria, acusan y en la audiencia preliminar se ratifica la acusación pero solicitan el sobreseimiento provisional, con la particularidad que en esa audiencia requirieron una serie de diligencias que por lo visto nunca realizaron en las etapas previas, explicó en la sesión de la Corte.
También dijo: “Posteriormente, en el último día se solicita la reapertura de la causa, a las 23:39 minutos de un día viernes. Cuando se realiza la audiencia preliminar las defensas solicitan la extinción por el transcurso de 1 año y la misma Fiscalía se allana a la extinción penal”.
“Teatro”, pedido de publicación de auditorías e investigación del JEM
Al concluir su intervención en la sesión, el ministro Santander Dans calificó que en los dos casos se hicieron un teatro, un estrés tanto para los denunciantes como denunciados y al final no se llegó a ninguna conclusión.
Solicitó que las conclusiones de las auditorías se publiquen en la página web de la Corte Suprema para dar cumplimiento a lo que manda la Ley N° 5282/2014 “De libre acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”, según dispone el artículo 8 inciso h) que dice que hay obligación de publicar los resultados de las auditorias.
Sobre la publicidad de las conclusiones de las auditorías el ministro justificó que es para que la gente conozca las actuaciones de sus operadores de justicia.
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De igual manera, Santander Dans requirió que los ministros que integran el JEM soliciten la apertura de una investigación preliminar porque es una vergüenza la actuación de la fiscala, reiteró.
Antecedentes de la causa de la Caja Bancaria
Por Auto Interlocutorio N° 511 del 14 de junio de 2023, la jueza penal de garantías N° 3 de la capital, a cargo de la jueza Cynthia Paola Lovera Brítez, decretó la extinción de la acción penal de conformidad al Art. 139 del Código Procesal Penal y declaró el sobreseimiento definitivo de los imputados por lesión de confianza José Antonio Caballero Bobadilla, Miguel Ramón Oro Domínguez, Ángel Ramón Chamorro Ortíz y Xavier Hamuy Campos Cervera, directivos de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Empleados de Bancos y Afines.
Lo que motivó a la Fiscalía a allanarse a la extinción
En la audiencia preliminar del 30 de marzo de 2023, las defensas de los acusados plantearon varios incidentes, entre ellos la extinción de la acción por el transcurso del plazo, apoyados en lo que señala el Art. 25 inc. 11 del Código Procesal Penal (CPP), que dispone como motivo: “cuando, luego de resuelto el sobreseimiento provisional, no se ordene la reapertura de la causa y la prosecución de la investigación dentro del plazo de un año”.
La misma fiscala Stella Mary Cano sostuvo que la Fiscalía ha cumplido en solicitar la reapertura de la causa, requerido la acusación y solicitado la elevación de juicio oral luego del sobreseimiento provisional, el 26 de julio de 2022.
Sin embargo, la orden del juzgado a cargo de la jueza Lovera Brítez dispuso la “reapertura del procedimiento” por medio de la resolución AI N° 658 del 8 de agosto de 2022, es decir, 11 días posteriores al transcurso de 1 año dispuesto por el Art. 25 del CPP.
La fiscala Cano alegó que esta tardanza de parte del juzgado para decretar la reapertura de la causa, es lo que motivó la extinción de la acción penal al no darse estricto cumplimiento a lo que dispone el Art. 25 del CPP.
El perjuicio causado a la Caja Bancaria fue cuantificada en más de G. 2 billones y medio.
En el caso Mocipar se acusó, pero…
La fiscala Esmilda Álvarez había acusado a los accionistas de Mocipar para quienes pidió que enfrenten juicio oral, por los delitos de estafa y producción de documentos no auténticos. Pero en la audiencia preliminar participó la fiscala Stella Mary Cano, quien rectificó la acusación y solicitó el sobreseimiento definitivo de los procesados del hecho punible de estafa.
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No obstante, la jueza de Garantías Alicia Pedrozo imprimió trámite de oposición a este planteamiento y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado, para que presente acusación o ratifique la postura de la agente Stella Mary Cano.
Se había pedido juicio oral y público
El Ministerio Público había pedido llevar a juicio oral y público a dos directivos del grupo de automotores Mocipar, socios del exministro de Urbanismo Dany Durand, acusándolos de los delitos de estafa y producción de documentos de contenido falso.
La acusación formal es por los delitos de estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de tales documentos contra Fernando Román Fernández y Orlando Benítez Barboza, accionistas de la empresa de automotores Mocipar, señalada por supuestamente estafar a varios de sus clientes.
Aportaron y no fueron indemnizados, denuncian
Los acusados son los supuestos responsables del defraudamiento de clientes de la empresa, que afirman haber aportado dinero por años sin poder recibir indemnizaciones, cuando la empresa se declaró en quiebra. Los afectados consideran esto como una maniobra con el objetivo de evitar tener que pagar esos resarcimientos.
Los aportantes que se consideran estafados por Mocipar denunciaron un perjuicio económico que ronda los 26.000 millones de guaraníes.
El escándalo de la supuesta quiebra dolosa del grupo Mocipar salpicó también a su fundador, el exministro de Urbanismo Dany Durand, quien según documentos seguía vinculado al grupo empresarial, a pesar de sus afirmaciones de haber vendido y cedido todas sus acciones.