Óscar Boidanich chicanea para dilatar audiencia en proceso por caso Messer

La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich presentó un recurso en contra de la admisión de la imputación por presunta frustración de la investigación y el comiso de bienes del ‘doleiro’ Darío Messer y lavado de dinero. Con esta chicana se suspendería la audiencia de imposición de medidas prevista para mañana a las 8:00.

Óscar Boidanich (i), extitular de la Seprelad, junto al actual presidente electo, Santiago Peña.
Óscar Boidanich (i), extitular de la Seprelad, junto al actual presidente electo, Santiago Peña.

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El abogado Claudio Lovera, defensor del extitular de la Seprelad Óscar Boidanich, presentó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia por la cual el juez de Garantías José Agustín Delmás admitió la imputación y abrió el proceso por presunta frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero.

La defensa de la procesada Raquel Concepción Cuevas Arzamendia, ejercida por el Abg. César Alfonso, planteó el mismo recurso en contra de la decisión del juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

Con estas chicanas planteadas se suspendería la audiencia de imposición de medidas que está fijada para mañana, jueves 22 de junio, a las 8:00.

La otra procesada en la causa es la funcionaria de Seprelad Melissa María del Mar Parodi González, por supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero en el caso Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente de la República Horacio Cartes.

Óscar Boidanich: imputado por presunto encubrimiento a Messer

La imputación presentada por los fiscales Jorge Arce, Alma Zayas, Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Deny Yoon Pak refiere que, entre el 2017 y 2018, Seprelad recibió varios reportes de operaciones sospechosas en relación a Darío Messer, empresas vinculadas a éste, y sobre Juan Pablo Jiménez Viveros; sin embargo, no aplicó el protocolo establecido para los casos calificados como de alto riesgo.

Los agentes fiscales resaltan además que la institución remitió un informe al Ministerio Público, pero excluyó el párrafo en que se señala que las personas vinculadas a los reportes de operaciones sospechosas que hicieron los bancos eran “cercanas” al entonces titular del Ejecutivo Horacio Cartes.

Ni bien dejó Seprelad, Óscar Boidanich habría obtenido un premio por su “silencio”. Fue así que otros informes en Fiscalía revelaron que recibió entre abril de 2019 y diciembre de 2021 más de G. 1.017 millones de empresas del desaparecido Grupo Cartes.

Las transferencias se hicieron desde Tabacalera del Este SA (Tabesa), Cementos Concepción SAE y el Club Libertad.

Seprelad archivó reportes bancarios contra Messer

En el año 2012, el Banco Sudameris habría presentado a la Seprelad un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero habría sido rechazado luego de que la entidad haya sido informada de que el ‘doleiro’ estaría investigado por lavado de dinero en el Brasil. Como el reporte no fue categorizado como de riesgo alto, Seprelad archivó el informe.

El 4 de diciembre del 2015, el Banco Nacional de Fomento presentó a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa en contra de CHAI SA, cuyo principal accionista sería Darío Messer, firma que habría incurrido en una transacción inusual y se habría apartado de su perfil (ganadería y actividades agrícolas) al transferir US$ 4.900.000 a Puente Casa de Bolsa SA.

Este Reporte de Operación Sospechosa no habría incluido a las personas físicas vinculadas a la persona jurídica CHAI SA (en particular a Darío Messer), circunstancia que habría impedido relacionarlo con el ROS del Banco Sudameris del 2012 y activar el sistema de controles de la Seprelad.

El entonces ministro de Seprelad Óscar Boidanich supuestamente habría tomado conocimiento del caso que vincularía a Darío Messer a partir del Reporte de Operación Sospechosa realizado por el BNF.

El 30 de septiembre del 2016, el Banco Continental habría presentado a la Seprelad otro Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en contra de CHAI SA por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria. En esta ocasión, aparentemente, el banco sí mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica y esto habría activado los controles de la Seprelad al vincular los 3 ROS.

Dicho reporte fue categorizado como de riesgo alto y se habría dado inicio al caso CHASA605530091, con la recopilación por parte de la Seprelad de información financiera y antecedentes de la persona reportada, que luego sería analizada.

Informe de Inteligencia de Brasil sobre Darío Messer

El 23 de noviembre del 2016, la Seprelad habría recibido un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera del Brasil que indicaba que Darío Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero, crímenes financieros, corrupción y crimen organizado en el vecino país y el funcionario de la Seprelad Fidel Oviedo habría sido designado como analista financiero a este caso.

La fiscalía resalta que el 27 de diciembre del 2017, supuestamente, se realizó un Comité Evaluador de Casos ROS, pero el reporte contra Messer no habría sido tratado y no se habría labrado acta, conforme lo mencionado por el funcionario Gregorio Mayor, al momento de prestar declaración testimonial.

El 17 de abril del 2018 se habría presentado ante el Ministerio Público el informe de inteligencia financiera N° 91/2017, que aparentemente habría sido el mismo informe elaborado por el analista Fidel Oviedo, sin las supuestas modificaciones propuestas durante el Comité del 27 de diciembre del 2017.

Además, tanto el borrador como el ejemplar del informe archivados en la Seprelad contienen un párrafo que no figura en la versión remitida al Ministerio Público. En ese párrafo se indicaría que las personas vinculadas al reporte (Darío Messer y Juan Pablo Jiménez Viveros) serían personas “cercanas” a Horacio Cartes.

La nota de remisión a la Fiscalía habría sido firmada por Raquel Cuevas y por el entonces ministro secretario ejecutivo Óscar Boidanich, siempre según la descripción de los fiscales que presentaron la imputación.

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