“La fundamentos legales de los armadores se centran principalmente en la inconstitucionalidad de la resolución del Ministerio de Transporte de Argentina, por medio de la que se estableció el peaje ya que esta se encuentra en clara transgresión a lo dispuesto por el Acuerdo de Transporte de la Hidrovia”, expresó el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), de Paraguay. Raúl Valdez.
Añadió que igualmente, existen deficiencias en el proceso de formación de la resolución del ministerio referido, deficiencias que la tornan nula.
“La liberación del remolcador Grus se produjo el día viernes 4, luego de que el armador haya realizado el pago exigido por la AGP en concepto de peaje. Muy lejos de reconocer la legalidad del mismo, el armador se vio obligado a proceder de esta manera ante las presiones extorsivas por lo cual se vio forzado a pagar sin reservas”, explicó Valdez.
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También afirmó que el pago fue ante la urgencia de reasumir los servicios de transporte para mitigar el riesgo de incumplimiento de contratos y enormes perdidas económicas ocasionadas por esta situación, porque se estima que la interdicción impacto aproximadamente en unas US$ 400.000 de pérdidas en una semana.
Amplió que entre las alternativas que se manejaban estaba prevista esta situación, considerando los incidentes dentro del proceso. el armador lógicamente en defensa de sus intereses comerciales, no se encontraba dispuesto a esperar por tiempo indefinido a que el juez acepte las medidas sustitutivas para liberar al remolcador, comentó.
“Nada de esto cambia nuestra postura, al contrario, este incidente se suma a la lista de situaciones que evidencian los agravios. El plan de acción continua exactamente igual y esperamos de que esto se pueda resolver por las vías que corresponden”, aseveró. Finalmente dijo que el armador se vio forzado a pagar ante presiones extorsivas. El armador recibió un trato muy hostil durante el proceso.