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El ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, plantea flexibilizar el uso del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), permitiendo usar, por ejemplo, más porcentaje de los fondos percibidos por las gobernaciones y municipalidades, para la provisión de alimentación escolar.
La propuesta de Ramírez es que los porcentajes de uso, dispuestos en la Ley, sean más flexibles. Si un municipio ya no cuenta con problemas de infraestructura acuciantes, podría invertir más en alimentación escolar que en la reparación o construcción de espacios en los establecimientos escolares. Incluso habla de utilizar otra vía para la refacción de aulas o sanitarios, como ser convenios con el Ministerio de Obras Públicas.
En el artículo 3, en su inciso C, la norma establece que 25% del Fonacide va a los Gobiernos Departamentales y Municipales.
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El artículo 4 indica que por lo menos el 50% de los ingresos percibidos por Gobiernos Departamentales y Municipales deberá destinarse al financiamiento de proyectos de infraestructura en educación. Luego, “el 30% del total percibido en este concepto, al financiamiento de proyectos de almuerzo escolar”.
MEC plantea que en uso de Fonacide, las necesidades ya no son las mismas
El miércoles, tras un encuentro con el Consejo de Gobernadores, el titular de la cartera educativa aseguró que es necesario cambiar la Ley. “Se hizo para una sociedad que ya no es la misma hoy, más de diez años después. Las comunidades no tienen las mismas necesidades”, apuntó.
La gobernadora de Paraguarí y titular del Consejo de Gobernadores, Norma Zárate, explicó que están de acuerdo con las modificaciones planteadas “siempre y cuando sean favorables”, y que en el noveno departamento la falta de alimentación escolar es la realidad que más golpea en las instituciones educativas.
El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) presentó hoy, ante el Congreso Nacional, una nota exigiendo modificar la ley del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), principalmente debido a la gran cantidad de irregularidades detectadas en últimos informes de la Contraloría General de la República (CGR).
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“El pedido se fundamenta en el despilfarro y la mala utilización de los fondos de infraestructura y alimentación escolar desde el año 2012″, indica la nota firmada por Miguel Marecos, titular del gremio, y Silse Ovando, vicepresidenta.
Más de 100 intendentes y gobernadores denunciados, advierten directores
Agregan que hasta la fecha más de 100 intendentes y gobernadores fueron denunciados por la mala administración, “sin un castigo ejemplar por parte de la justicia”.
El último reporte de la CGR apunta que entre 2021 y 2022, once de las diecisiete gobernaciones utilizaron menos de la mitad de los recursos que disponían para la alimentación escolar. Caazapá solo ejecutó el 26% de los fondos que recibió para el alimento de los niños y adolescentes de este departamento.
Miguel Marecos aseguró que harán lobby con senadores, estudiantes y padres para apurar esto (los cambios), atendiendo los artículos 3, 4, 5 y 6 de la normativa vigente.
“Si van a seguir manejando los fondos los intendentes y gobernadores, que se mejore el control y la participación de la comunidad en los programas”, agregó.
La Contraloría remitió en agosto pasado informes de 56 municipios sobre indicios de hechos punibles que implican G. 50.119 millones entre el 2021 y el 2022.