Por falta de “consenso”, Corte aplaza estudio de terna del hermano del “significativo” Bogarín Alfonso

Llamativamente la Corte Suprema de Justicia no trató en su sesión pasada la designación del juez de la Niñez y Adolescencia en la que está ternado el hermano del consejero Jorge Bogarín Alfonso, quien realiza un intenso lobby para obtener los votos necesarios. Según las fuentes, no hay “consenso” para que Raúl Bogarín Alfonso sea designado juez, ya que existe la sospecha de que sería testaferro del designado “significativamente corrupto” por los EE.UU..

Abog. Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso, ternado para juez.
Abog. Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso, ternado para juez.

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El exdefensor público de la Niñez y Adolescencia abogado Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso es el hermano del miembro del Consejo de la Magistratura Jorge Bogarín Alfonso, y aquel está ternado para el cargo vacante de juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital, Código 3566. De las 10 ternas remitidas por el Consejo de la Magistratura, la Corte solamente analizó la designación de 7 operadores de justicia.

Según las averiguaciones realizadas en tribunales, dan cuenta de que a pesar del intenso lobby en la Corte que realiza el consejero Bogarín Alfonso a favor de su hermano, el exdefensor público solamente tendría la promesa de acompañar esta intención de 4 ministros, otros 4 no le apoyarían y uno no se manifestó.

Esta terna será tratada en la sesión de la próxima semana, aseguraron.

Este habría sido el motivo principal para posponer el estudio de designación de juez de Primera Instancia de la Niñez y la Adolescencia. Es costumbre que los ministros, antes de la sesión, se pongan de acuerdo para las designaciones de jueces, fiscales, y demás operadores de justicia, indicaron.

La terna para cargo vacante, convocada por el Edicto Nº 1/2022

La terna de candidatos para ocupar el cargo de juez de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia del Primer Turno de la Circunscripción Judicial de la Capital está conformada de la siguiente manera:

  • Julio César López Sánchez, defensor público, quien obtuvo 571,75 puntos en el concurso de terna y es el mejor posicionado.
  • También fue ternada en la segunda posición la defensora pública Marina Soledad Soerensen Ascurra, con 550,60 puntos.
  • En la tercera posición está postulado el abogado Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso (exdefensor público), con 549,44 puntos.

La Corte Suprema tampoco analizó las ternas de cargos vacantes del Edicto Nº 1/2022

Miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal, Laboral y de la Niñez y Adolescencia de la Circunscripción Judicial de Amambay, Nº 3564.

  • Éver Miguel Ángel Arévalos Vera (juez), 599,94 puntos
  • Edgar Gustavo Ramírez Rodas (juez Penal), 560,80 puntos
  • Sandro Ismael Vera Ortiz (juez), 529,18 puntos

Edicto Nº 04/2022. Cargo vacante

Juez de Primera Instancia en lo Penal de la Adolescencia de Capiatá de la Circunscripción Judicial de Central, Nº 3659.

  • Trifina Magnolia Rodríguez Adorno (abogada), 492,40 puntos
  • Carlos Rodrigo Scappini Cáceres (abogado), 588,80 puntos
  • Cindy Magalí Prieto Vera (Asistente), 487,7 puntos.

¿Testaferro?

Según las investigaciones realizadas por este medio de prensa, Raúl Arnaldo Bogarín Alfonso, además de ser el hermano del consejero Jorge Bogarín Alfonso, también les uniría lazos patrimoniales, ya que el ternado sería también el prestanombre del miembro del Consejo.

Jorge Bogarín Alfonso y su esposa la jueza Karen González fijaron domicilio ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en la imponente residencia ubicada en inmediaciones del hotel del Yacht y Golf Club, edificada entre los años 2013 y 2019. Sin embargo, esa residencia no aparece en las declaraciones juradas de ambos.

Los datos refieren que el consejero Bogarín Alfonso pagó por la construcción más de G. 852 millones. Así informó a la Contraloría General de la República (CGR) la empresa Tape Apo SRL, representada por Francisco Bogarín Vera, tío del integrante del CM.

El predio en el cual se realizó la edificación figura en el Servicio Nacional de Catastro (SNC) a nombre de Raúl Bogarín Alfonso, hermano de Jorge, quien, sin embargo, no hizo constar en su declaración jurada de bienes cuando era defensor público de la Niñez y Adolescencia, en la última presentada el 1 de junio de 2022.

Declarado corrupto por los Estados Unidos

El 23 de marzo de 2023, el Gobierno de Estados Unidos informó que Édgar Melgarejo Ginard, extitular de la Dinac; Jorge Bogarín Alfonso, miembro del Consejo de la Magistratura y representante ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), y el actuario judicial Vicente Andrés Ferreira Rodríguez fueron agregados a su lista de “significativamente corruptos” por involucramiento “en corrupción significativa”. Utilizaron recursos públicos para beneficio personal, conforme acusaron.

En el caso de Bogarín Alfonso, refiere la acusación, habría utilizado sus influencias y cargo en el JEM para remover de sus funciones, de forma irregular, al entonces fiscal de San Pedro, Jorge López Lohman (ya fallecido).

Los demás designados “significativamente corruptos”

Todos los anteriormente designados como “significativamente corruptos” por el Gobierno de Estados Unidos fueron políticos colorados. Encabezan la lista el expresidente Horacio Manuel Cartes y el exvicepresidente Hugo Velázquez Moreno.

Se suman a ellos el exsenador cartista Óscar González Daher (fallecido) y el exfiscal general del Estado Francisco Javier Díaz Verón, ambos procesados por la Justicia. OGD falleció antes de cumplir su condena de 7 años de cárcel, mientras que Díaz Verón sigue procesado por enriquecimiento ilícito.

Otro designado fue Ulises Quintana, el exdiputado colorado que ya no pudo obtener el rekutu en las elecciones pasadas y es protegido de Cartes, pese a estar ligado a procesos de narcotráfico.

También Juan Carlos Duarte pasó a integrar la lista de “significativos” el pasado agosto, al ser designado junto con el vicepresidente Velázquez por un presunto intento de soborno a un funcionario público para obstruir una investigación.

Además de los nombrados, sus hijos y familiares directos perdieron la visa y la posibilidad de ingresar a Estados Unidos.

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