La mamá de una niña diagnosticada con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), denunció que en el Centro de Educación Integral de Luque (CEIL), están poniendo trabas a la inscripción de su hija, negándole la permanencia en la institución educativa hasta tanto presente un informe neurológico de la estudiante. El reclamo ya fue realizado ante el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La señora denunció que desde la institución educativa alegan que el supervisor de la zona, quien sería psicólogo, fue quien pidió un informe neurológico de la alumna.
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La niña actualmente cursa el primer grado en el CEIL. Según la denuncia, el supervisor incluso habría recomendado un “cambio de ambiente”, planteando que la niña se matricule para el 2024, para realizar el segundo grado, en otro establecimiento educativo.
Todo habría comenzado cuando a su hija le diagnosticaron con TDAH, dijo la denunciante. “El año pasado terminamos el pre escolar sin ningún inconveniente; pero este año, con el diagnóstico, nos fue difícil al comienzo con la profesora anterior”, relata la madre.
Primera denuncia por presunto maltrato de docente se realizó en abril
La madre de la alumna explicó que realizó una primera denuncia ante el MEC en abril de este año, luego de un episodio entre la docente y la niña. Tras el reclamo, la profesora fue trasladada a una supervisión, lo que habría causado malestar en algunas familias.
“Pero la profesora actual produjo cambios positivos en mi hija y realmente se nota que se esfuerza por sus alumnos”, asegura la denunciante.
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La familia desea permanecer en la institución y que no le sea negado el derecho a la educación a la niña, quien culminó con normalidad y sin aplazos el curso lectivo.
MEC sigue recibiendo casos similares antes de cerrar el año lectivo
La Dirección General de Educación Inclusiva afirma que siguen llegando casos o denuncias de discriminación en instituciones educativas. Solo en noviembre recibieron 8 reclamos de familias en colegios públicos y privados.
La dependencia del MEC se encarga de atender las denuncias y mediar con mesas de negociación entre las partes, buscando llegar a acuerdos y a cumplir con el derecho de los estudiantes.
En el caso de las instituciones educativas de gestión pública, los funcionarios se exponen a sumarios que pueden derivar hasta en su separación del cargo o destitución, de acuerdo con las normativas vigentes.
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Para los colegios privados que nieguen la matrícula o inscripción a estudiantes, se decretan multas administrativas que van desde Gs. 5.154.500 (50 jornales mínimos) hasta Gs. 103 millones en caso de una segunda reincidencia.
Intentamos comunicarnos con la directora de la institución, Estela González, pero no atendió nuestros llamados a su teléfono celular con terminación 891. Estamos abiertos a recibir su versión cuando ella lo considere.