La irregularidad ocurrió en la causa caratulada “Sergio Danilo López Cañete s/ contrabando” que radica en el juzgado penal de garantías Especializado en Delitos Económicos N° 2, a cargo del juez José Delmás.
Lea más: Denuncian dilación de juicios que ya llega a los 13 años
El abogado Giménez manifestó que su regulación de honorarios profesionales fue fijada por el juzgado de garantías por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 552 del 22 de setiembre de 2023, que fue apelada por la parte afectada, en este caso, por López Cañete, a través del Abog. Pastor Verdún.
Agregó que Eetando desvinculado del expediente electrónico, el juzgado inadvertidamente resuelve remitir el incidente al Tribunal de Apelaciones, dando por hecho que el abogado Giménez había dejado de contestar los agravios expuestos en la apelación.
Cuando feneció su derecho a apelar, recién en esta instancia fue nuevamente vinculado al expediente de regulación de honorario. El 4 de diciembre pasado, y ante su reclamo por este hecho realizado personalmente, el 5 de diciembre surgieron informes de las oficinas de apoyo, dando cuenta de que por desvinculación que había sufrido nunca fue notificado de los agravios de la adversa a fin de ejercer su derecho de contestarlos.
La Dirección de Tecnología de Información y Comunicaciones (TIC) del Poder Judicial informó al juzgado de garantías, que el abogado Giménez no recibió la notificación de apelación de regulación de honorarios del 10 de octubre porque se encontraba desvinculado del expediente. Lo volvieron a vincular el 10 de noviembre, según informó el 5 de diciembre el funcionario Renato Monjagata Cáceres.
Lea más: Denuncian presunta "cocinada" de juez en caso de narco Aguayo Cabañas
El pedido de informe a la Dirección de Tecnología fue realizado por la actuaria judicial Abog. Lorena María Cabello.
El abogado Giménez manifestó que la denuncia de irregularidad constatada en su expediente lo realizó ante la Oficina de Quejas y Denuncias, que posteriormente debe derivar el informe a la Superintendencia de Justicia del Poder Judicial para su análisis y posterior dictamen que debe ser elevado al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema.