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La mala utilización de la Ley 5.777 “De Protección Integral a las Mujeres contra toda forma de violencia” pone en serio riesgo el espíritu de la norma que establece un sistema de protección para quienes verdaderamente necesitan ser amparadas cuando son objeto de algún tipo de violencia que atenta contra su vida y la de sus familias, explica el comunicado.
“Denunciamos que en este y en otros 10 casos se utilizó el sistema judicial como herramienta para vulnerar el derecho a la libertad de expresión y de prensa. La senadora Norma Aquino y las autoridades electas están sometidas al control y la crítica de la ciudadanía. Estos cargos deberían ser ejercidos democráticamente, respetando el pluralismo y la transparencia”, denuncian.
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Exhortan a la justicia a aplicar la norma en los casos que realmente correspondan y no permitir que la ley de protección para las mujeres sea utilizada como un instrumento para acallar voces.
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Razones para defender la libertad de expresión
Agregan que la sátira política es una herramienta que equilibra el poder entre los políticos y el pueblo, recordándoles que no son invulnerables, ni están exentos de crítica, creando un espacio en el cual los ciudadanos pueden cuestionar y criticar sin temor a represalias, y donde los líderes pueden reconocer sus errores con mayor facilidad.
“La senadora Norma Aquino, alias Yamy Nal, ostenta un cargo público, electivo, al cual se postuló y accedió por voluntad propia y en el que está expuesta al escrutinio, críticas y cuestionamientos sobre su accionar, en este caso, político. Las autoridades públicas deciden someterse a la mirada pública, aunque esta, a veces, pueda ser chocante”, indican.
Recalcan que la libertad de expresión está garantizada en el artículo 28 de la Constitución Nacional y no admite la censura previa, y que en el caso en que alguna persona se sienta agraviada de alguna manera, existen mecanismos para recurrir ante autoridades y revisar las responsabilidades de forma posterior.
Mala aplicación de la Ley 5.777
Insisten en que la mala aplicación de la ley 5.777 de protección de la mujer contra toda forma de violencia puede resultar perjudicial para quienes son protegidas cuando son objeto de algún tipo de violencia.
“La mala aplicación de esta norma u otra que se use para cercenar o silenciar voces puede resultar peligrosa para la propia democracia. Hoy se aplica de manera individual, pero la coyuntura política de Paraguay nos pone ante un peligro mayor: el de silenciar medios enteros, como ya ocurrió en el pasado reciente”, indican.
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Casos de censura con la Ley 5.777
La Mesa para la Seguridad de Periodistas presentó un informe de casos de censura contra periodistas que se basaron en la Ley 5.777 “de protección integral a las mujeres contra todo tipo de violencia”.
La jueza Alderete Recalde emitió una providencia el 7 de febrero del 2023 por la que prohibió a la periodista Mabel Portillo acercarse a la intendenta de Yataity, Gloria Antonia Duarte, en un radio de 500 metros; como así también a realizar publicaciones en medios digitales sobre la misma.
La intendenta Duarte aseguró que una publicación investigativa periodística de Mabel Portillo le generó daños psicológicos. Sin embargo, tras publicaciones que criticaban la medida judicial, días después, la jueza Alderete determinó dejar sin efecto las restricciones el 9 de febrero de 2023.
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Segunda acción contra Portillo e imputación
Sin embargo, la intendenta volvió a accionar contra Portillo el 7 de diciembre del 2023 por supuesta coacción, cuando Portillo estaba cubriendo una manifestación de ciudadanos contra la gestión municipal en la que se registraron incidentes.
El agente fiscal Martín Escalada imputó a la periodista por el lenguaje no verbal que habría utilizado para supuestamente incitar a una multitud a que atacara a la intendenta.
El juez penal de Garantías del Quinto Turno, Marcelo Ramírez, a través del A. I. N° 274 de fecha 7 de diciembre de 2023, dispuso medidas cautelares por las cuales la comunicadora tiene “la prohibición expresa de amenazar, coacción, amedrentar y acercarse a las víctimas y a sus familiares por cualquier medio de alcance”.
Amenaza de abogado de jueza a periodista de investigación
El periodista Alfredo Guachiré publicó en el año 2022 un artículo sobre una denuncia por supuesta apropiación y estafa contra el entonces presidente de ESSAP, Natalicio Chase, y su esposa, Celia Galli, quien presentó una denuncia contra el periodista Guachiré y el medio de comunicación El Independiente por violencia contra la mujer. El juzgado de Paz de la Catedral, a cargo del juez Gustavo Villalba, resolvió que el medio baje la publicación de Guachiré.
Por otra parte, la jueza Gloria Machuca envió a través de su abogada un correo intimidatorio al periodista Alfredo Guachiré, quien realizó investigaciones y publicaciones sobre la jueza Gloria Machuca por supuesta violencia doméstica contra la hermana de la magistrada.
En el correo le indicaban al periodista que la Ley N° 5.777/16 supuestamente prohíbe este tipo de publicaciones y le pedía contactarse advirtiendo que iniciaría acciones legales en su contra. A la fecha de este informe no se registra una denuncia formal.
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Jueza censuró a empresario
La jueza Gloria Machuca, cuya abogada amenazó con accionar judicialmente contra un periodista, notificó a Christian Chena, empresario y productor televisivo, la prohibición de publicar o referirse a Gisele Mousques; esto como medida de protección en el marco de una causa en el marco de la Ley 5.777.
La prohibición también se extiende a la página web Resumen de Noticias (RDN), medio a través del cual se habían publicado artículos sobre el pleito judicial en el ámbito laboral mantenido entre Chena y Mousques, causa que había sido favorable a esta última.
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Directora de hospital censuró a tres periodistas
Fredy Chamorro, periodista encarnaceno quien, junto a sus colegas Hernán Núñez y Álvaro Baéz, cronista y camarógrafo, fueron objeto de una denuncia judicial en el marco de la Ley 5.777.
El periodista realizó investigaciones sobre irregularidades en la gestión directiva del Hospital distrital de Encarnación. Entonces, la directora del hospital, Claudia Vega, realizó la denuncia por acosos y amenazas, en el marco de dicha ley, y la jueza Vilma Saucedo Cardozo admitió la denuncia y dispuso medidas cautelares de censura contra tres trabajadores del medio a través del A. I. N° 50 de fecha 13 de febrero de 2024.