El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre cumplía funciones en la ciudad de Emboscada, departamento de Cordillera. El 13 de octubre de este año, cayó durante un operativo de entrega vigilada de dinero, consistente en la suma de G. 7.000.000, que él habría solicitado a cambio de allanarse a un pedido de sobreseimiento provisional para un procesado por lesión grave, por lo que fue imputado por cohecho pasivo agravado (coima).
El 23 de octubre, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) le despojó de sus fueros y también, inició un enjuiciamiento de oficio por la causal de la comisión de hecho punible. Así también, solicitó la suspensión de Elizaur Aguirre a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sin embargo, a dos meses de aquello, la misma no ha tratado ni resuelto el pedido del Jurado.
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El fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, tiene un familiar que integra el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y se trata de su primo, el diputado colorado Alejandro Darío Aguilera Elizaur. Sin embargo, el último se inhibió de participar del tratamiento de la causa relacionada al fiscal, justamente por esa cercanía.
Si bien, en esa sesión ordinaria del JEM resolvió todo lo citado más arriba, desde la misma ya transcrurrieron casi dos meses y la decisión relacionada al pedido de suspensión aún no fue notificada a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que los documentos todavía se encuentran en “circuito de firmas” por los miembros.
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Fiscal de Alberdi, procesado por coima y extorsión
El pasado 13 de noviembre, el JEM despojó de sus fueros e inició de oficio un enjuiciamiento por la comisión de hecho punible al fiscal Rubén Darío Riveros Medina, quien fue imputado por los fiscales Verónica Valdéz y Luis Piñánez por los ilícitos de cohecho pasivo agravado (coima) y extorsión, por los que el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú, lo procesó.
El agente fiscal Riveros Median fue denunciado por el juez penal de Alberdi, Shiler Regis Coronel, luego de que una mujer relatara que el abogado Luis Antonio Méndez le solicitó dinero supuestamente destinado al fiscal Riveros, con el fin de obtener la libertad de su esposo, quien enfrenta cargos por abuso infantil.
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El representante del Ministerio Público habría actuado en connivencia con el abogado Luis Méndez, quien soporta actualmente juicio también un hecho similar. El profesional del derecho habría solicitado a su cliente millonarias sumas de dinero que supuestamente también eran para el fiscal, a fin de lograr que su pareja pueda salir beneficiada.
Su caso hasta el momento tampoco fue tratado en la Corte Suprema de Justicia, debido a una cuestión burocrática.
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Procesos más lentos por decisión de la Corte
Los dos fiscales están procesados penalmente por hechos punibles, Bernardo Elizaur y Rubén Riveros, y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió despojarlos de sus respectivos fueros, así como iniciar el enjuiciamiento de oficio por comisión de hecho punible.
También se tomó la decisión de pedir la suspensión de los mismos a la Corte Suprema de Justicia (CJS), en el caso de Elizaur en octubre y, en el caso de Riveros, en noviembre. Sin embargo, la Corte no trató ninguno de los pedidos hasta hoy.
Según explicó a ABC el secretario jurídico del JEM, abogado César Quintana, cuando se presentaban casos en los que magistrados imputados por hechos punibles y se los enjuiciaba y pedía su suspensión, las resoluciones eran comunicadas por el JEM a la Corte vía oficio.
Por su parte, la máxima autoridad judicial daba tratamiento en su sesión ordinaria y resolvía aplicar la medida en base a la comunicación del Jurado. Sin embargo, la Corte reglamentó el procedimiento para dictar las medidas cautelares a través de la Acordada N° 1.701 del 26 de abril de 2023.
Si bien, desde el 2023 los ministros de la Corte -por supropia acordada- debían contar con las documentaciones del caso para aplicar suspensiones, no fue sino hasta el 2025, cuando recién empezaron a aplicar su reglamento, a partir del caso de la fiscala María Angélica Bjasso Acosta.
Es por estar cuestión burocrática que, la Corte ahora debe contar primero con las resoluciones firmadas digitalmente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y los antecedentes del caso, para dar tratamiento al pedido de suspensión hecho en relación a algún magistrado.
Reasignan a fiscal procesado por presunta coima
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, firmó la Resolución FGE N° 5224 del 16 de diciembre, a través de la cual realizó reasignaciones de sus agentes fiscales en distintas unidades de los departamentos de San Pedro y Boquerón. Uno de los afectadso por esta movida es el fiscal Bernardo Javier Elizaur Aguirre, procesado por cohecho pasivo agravado (coima) desde octubre pasado.
Mediante el documento del Ministerio Público se dispuso la reasignación del fiscal Bernardo Elizaur para cumplir funciones en la Unidad Penal N° 2, Unidad Especializada de Lucha contra el Abigeato, Niñez y Adolescencia y Electoral de San Pedro del Ycuamandyyú.
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Igualmente, por la misma resolución del Ministerio Público también fue reasignado el fiscal Rubén Darío Riveros Medina, desde la fiscalía de Alberdi a la Unidad Penal N° 2 y Unidad Penal de Ejecución de la localidad de Filadelfia, en carácter de interino.
En ambos casos, la resolución tendrá efecto a partir del 23 de diciembre de este año.