El ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), César Antonio Garay Zuccolillo, propuso el desafuero de la fiscala de Coronel Oviedo Gloria Mabel Rojas Cañete, así como su enjuiciamiento de oficio por la comisión de hecho punible y el pedido de suspensión a la máxima autoridad judicial. La misma habría pedido dinero en concepto de coima en la causa sobre el feminicidio de María Fernanda Benítez (17).
La propuesta de Garay Zuccolillo tuvo el acompañamiento de la vicepresidenta 1° Alicia Pucheta, el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia, los diputados Alejandro Aguilera y Diego Candia, el consejero Enrique Berni; así como de los senadores Mario Varela y el vicepresidente 2° Derlis Maidana.
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De esta forma, la agente fiscal de Coronel Oviedo podrá ser sometida plenamente al proceso penal en su contra, iniciado con la imputación de la fiscala Silvia González. Ahora, el juez penal de garnatías Especializado en Delitos Económicos, Primer Turno, Humberto Otazú, podrá citar a audiencia indagatoria a la fiscala.
Si bien el JEM hará la comunicación vía oficio del pedido de suspensión de la fiscala Rojas Cañete a la Corte, la última recién dará tratamiento al análisis de la aplicación de la medida, cuando culmine el circuito de firma electrónica por parte de los miembros del Jurado y se remitan las copias de las actas y los antecedentes del caso a la máxima autoridad judicial.
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Fiscala del caso María Fernanda fue imputada por presunta coima
La agente fiscal Silvia González Vester imputóa su colega Gloria Mabel Rojas Cañete por supuestamente haber exigido una coima de G. 36 millones a Franco Antonio Acosta Céspedes, quien está procesado por el crimen de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo, en mayo pasado.
Según el escrito fiscal, Franco Acosta denunció un supuesto pedido indebido de sumas de dinero por parte de un funcionario del Ministerio Público y contra el abogado Juan Carlos Bedoya Fleitas, quien actuaría de intermediario. El propósito era beneficiarlo con una medida menos gravosa en la causa donde se encuentra involucrado.
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En seguimiento a la misma, el 26 de noviembre la fiscala Silvia González Vester, imputó al abogado Bedoya Fleitas por la supuesto tráfico de influencias e inició las diligencias investigativas correspondientes hasta que surgieron “a prima facie” elementos sospechosos sobre la participación de la fiscala Gloria Rojas.
Según los datos contenidos en la imputación, Rojas citó entre el 14 y el 21 de noviembre a Acosta Céspedes para supuestamente “negociar” un acuerdo para una salida procesal en beneficio del encausado. Finalmente se montó una entrega vigilada del pago de coima el 26 de noviembre, consistente en la suma de G. 30 millones, previamente fotocopiados.