Óscar López, de la Asociación de Suboficiales Retirados de la Policía Nacional, reclamó que el Estado cumpla con su obligación legal de aportar como empleador al sistema jubilatorio.
Sostuvo que el déficit del sistema previsional no es responsabilidad de los jubilados ni de los agentes en actividad, sino del propio Estado.
“Nosotros trabajamos las 24 horas al servicio del Estado paraguayo durante treinta años. Protegemos a la gente día y noche, y ese servicio alguien lo tiene que pagar. El ciudadano ya lo paga con sus impuestos”, afirmó.
“El Estado nunca aportó un solo guaraní”
López explicó que, además de cumplir jornadas permanentes, los policías realizan horas extraordinarias que nunca fueron remuneradas.
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“El Código Laboral dice claramente que desde que el trabajador se encuentra dentro del recinto laboral, ese tiempo se considera trabajado. Esas horas extras nosotros las donamos para nuestra jubilación. Por eso regimos por una ley especial que reconoce esos servicios”, señaló.
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Cuestionó además las declaraciones del ministro de Economía, quien aseguró que el Estado está cubriendo el déficit del sistema.
“Cuando dice que está cubriendo el déficit, en realidad está cumpliendo recién su obligación. El Estado no aportó ni un solo guaraní como patronal. Entonces no hubo déficit, hubo incumplimiento”, sostuvo.
Pretenden un proyecto alternativo
López recordó que el Código Laboral establece un esquema de aportes del trabajador y del empleador.
“Actualmente, el trabajador aporta el 8,5% y el empleador debería aportar el 16%. En el caso de la Policía, el Estado como patronal debe aportar indefectiblemente”, afirmó.
Indicó que el sector está preparando un proyecto alternativo para presentarlo en el marco de la reforma de la Caja Fiscal.
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“Estamos proponiendo que el 14% sea aporte del Estado y el 8% del trabajador. Si el presupuesto prevé recursos para que la Policía Nacional pueda aportar como patronal, ahí se soluciona el problema. No hay déficit si las dos partes cumplen su obligación”, remarcó.
Puntos más conflictivos de la reforma
Uno de los aspectos más sensibles para el sector es la eliminación de la equiparación automática entre el salario del personal en actividad y los haberes de retiro.
El proyecto del Ejecutivo plantea unificar los criterios para el cálculo de las jubilaciones, en base al promedio de las remuneraciones percibidas durante los últimos cinco años de servicio.
“Eso afecta directamente a los retirados y rompe un derecho adquirido”, advirtió López.
Otro punto que genera fuerte rechazo es el aumento de la edad mínima para jubilarse, que pasaría a 57 años.