Las medidas fueron dispuestas por el ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, a partir de una verificación interna realizada por la jueza Cynthia Usher, interina del Juzgado de Paz de Luque, en el marco de sus funciones, durante la cual se constató la existencia de expedientes judiciales que aparentemente no se encontraban en trámite ni registrados en los sistemas administrativos del juzgado, que se presume formarían parte del esquema de la “mafia de los pagarés”.
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Ante esta situación, y en ejercicio de las atribuciones de superintendencia, el integrante de la Corte Suprema de Justicia ordenó de manera inmediata que la documentación hallada sea puesta bajo estricta custodia, a fin de garantizar su adecuada preservación, integridad y seguridad.
Además Jiménez Rolón ordenó el cambio de cerraduras de la dependencia involucrada y el refuerzo de la guardia policial en el Juzgado de Paz de la ciudad de Luque, como medidas preventivas de resguardo institucional.
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Intervención de auditores en juzgado de Paz
El ministro superintendente de Central también dispuso la intervención de auditores de la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, quienes se constituirán en la sede judicial para recabar la información pertinente, realizar el inventario correspondiente y elevar un informe técnico sobre el estado de la documentación.
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Las actuaciones dispuestas son llevadas a cabo por el Consejo de Administración de la Circunscripción Judicial de Central, bajo la supervisión del ministro superintendente, en el marco de la normativa vigente y de los procedimientos administrativos de control que rigen el funcionamiento del Poder Judicial.
De acuerdo con lo informado por la Dirección de Comunicación de la Corte Suprema de Justicia, los resultados del proceso de verificación serán comunicados oportunamente por los canales institucionales correspondientes.
Jueza suspendida por “mafia de los pagarés”
En la sesión plenaria del 18 de octubre de 2025 la Corte Suprema de Justicia resolvió suspender a la jueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y a 18 funcionarios de las dos secretarías de la mencionada sede judicial, a raíz de una serie de irregularidades detectadas en la tramitación de juicios de cobro de guaraníes auditados en el marco de la mafia de los pagarés.
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“Este es un caso que se ha hecho una investigación preliminar y se han encontrado irregularidades importantes indudablemente, pero creo que todavía no está cerrada la investigación; por tanto, en este caso y excepcionalmente, pido que (la suspensión) sea con el goce de salario mínimo”, argumentó el ministro Eugenio Jiménez Rolón, superintendente de la circunscripción judicial de Central.
La suspensión con goce de salario básico de la magistrada se había adoptado a consecuencia del resultado de la auditoría de gestión realizada por la Dirección General de Auditoría de Gestión en el pasado mes de mayo del año pasado, que abarcó la revisión de más de mil expedientes.
Asimismo, el máximo tribunal dispuso en dicha sesión la remisión de los antecedentes del caso al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y al Ministerio Público, para la adopción de las medidas que consideren pertinentes al caso.
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