Desde el 2024, la docente Zurina Franco sufre el descuento mensual de su salario. La misma reside en la ciudad de Hernandarias, es madre separada y sostén económico de sus hijos. Según denunció, esta situación, que se vincula al esquema de la mafia de los pagarés, está “afectando gravemente mi subsistencia y la educación de mis hijos”, según denunció.
Los embargos de su salario tienen su origen en demandas de las empresas denominadas “LM Hogar” y “GSC SA”, con las que “nunca contraje préstamos ni obligaciones”, según refiere la docente. Hasta el día de hoy, ya le fueron descontados unos G. 48.000.000 en relación con la supuesta deuda que la misma tiene con dichas sociedades.
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Franco relató que “en septiembre del año 2024 recibí una llamada de un asesor de crédito que decía llamarse César Benítez. Me ofreció crédito y yo le dije que no necesitaba. Días después mi papá tuvo un infarto y estaba en IPS Central y me pidieron que comprara muchos medicamentos e insumos”.
Amplió diciendo que en medio de la situación, por el estado de salud de su papá, volvió a contactar con el agente de crédito que se presentó como particular y aceptó el préstamo. “Me indicó que fuera hasta el restaurante Bolsi y sobre esa misma calle, llegando a Cerro Corá, me llevó a una empresa. Me dieron un préstamo de 4.000.000 (de guaraníes) con la promesa de cobrarme vía Aquí Pago”.
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Sin embargo, en el mes de octubre se encontró con la sorpresa de que ya ingresó un embargo al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Lo más llamativo fue que era por una suma 12 veces mayor, “yo me enteré tiempo después”, según manifestó.

Supo de embargos al pedir préstamo en el BNF
La docente Zurina Franco señaló también que recién tuvo conocimiento del pedido de embargo cuando acudió ese mismo mes -octubre de 2024- al Banco Nacional de Fomento (BNF), pues al momento de solicitar un préstamo para pagar la matrícula universitaria de uno de sus hijos, la asesora le informó que no podían darle porque tenía 9 órdenes de embargo en su contra.
En relación con el crédito de G. 4.000.000 que había hecho con el prestamista particular, dijo: “Me indicaron que firme muchos documentos, sin darme el tiempo de leer. Decía que era sábado y que me apure. Nunca mencionaron los nombres de esas empresas (LM Hogar y GSC SA) que luego me demandaron”.
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En el siguiente mes, en noviembre de 2024, iniciaron los descuentos en su salario por la suma de G. 3.970.000, como consecuencia de la demanda hecha por la firma “GSC SA”. “Estos descuentos se realizaron sin notificación válida ni posibilidad real de defensa”, expresó la docente del Alto Paraná.
Debido a la situación por la que estaba atravesando y también conocer el caso de la “mafia de los pagarés”, Franco viajó hasta Asunción, en enero de 2025, cuando realizó una denuncia penal en la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) del Ministerio Público.
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En aquella denuncia señaló como posible responsable de los embargos de los que era víctima al Juzgado de Paz de La Encarnación a cargo de Carmen Analía Cibils Miñarro. También expuso que no pudo acceder al expediente relacionado a la demanda en su contra.
“Desde ese momento comenzó otro problema grave, porque no pude acceder a mis expedientes judiciales. Solicité copias personalmente, me pidieron volver otro día. En marzo de 2025 una abogada fue a pedirlos, le informaron que el juzgado estaba en auditoría y no podían entregarlos. En junio acudí al Ministerio de la Defensa Pública, donde me asignaron defensora y reiteró el pedido de copias, pero hasta hoy no hay respuesta”, relató Franco.
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Vía crucis con expedientes “perdidos”
La docente expresó, además, que el 7 de octubre de 2025, había sido informada de que luego de muchas idas y vueltas, “aparecieron” sus expedientes judiciales, por lo que el 31 de octubre viajó desde Hernandarias hasta Asunción para retirarlos. Sin embargo, al llegar al Juzgado de Paz, “me dicen que no saben dónde están”.
Tras insistir en las consultas y exigencias de que le entreguen su expediente, los funcionarios judiciales le indicaron “que la fiscala Belinda Bobadilla los había solicitado”.
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Sin embargo, “este año verifico en la Fiscalía que los expedientes fueron pedidos en marzo y devueltos el 12 de mayo (de 2025), con constancia de recepción firmada por el juez interino de La Encarnación, Víctor Martínez”.
“Con esa prueba regreso al juzgado, pero nuevamente no aparecen. Finalmente me informaron que podrían estar en el despacho del juez, pero tampoco los encontraron. El juez prometió iniciar la reconstitución de expedientes en 10 días, pero hasta hoy no obtuve respuesta”.
