Según las víctimas de la mafia de los pagarés, la CSJ destinó “G. 5.161 millones para la compra de nueve camionetas de alta gama”, pero según ellos, existe una diferencia entre el costo publicado y el valor de mercado.
Por esto, mencionan que “surge una sospecha razonable de sobrefacturación” que rondaría los 20.000 dólares por vehículo y el daño patrimonial sería de unos US$ 180.000.
“Estas acciones constituyen delitos graves como lesión de confianza, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, son causales irrefutables para el juicio político que, sumado a nuestras denuncias anteriores, obligan al Parlamento Nacional a iniciar los trámites de rigor de manera inmediata”, apuntan.
Asimismo, recuerdan que hay varias víctimas de estafa que enfrentan juzgados sin infraestructura y también exigieron la intervención de la Contraloría General de la República.
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Respuesta de la CSJ
Luego de la denuncia, desde la CSJ dieron detalles sobre la adquisición de vehículos y aseguraron que el proceso “se ajusta a precio de mercado”.
Asimismo, sostienen que la renovación del parque automotor se dio mediante una licitación pública tramitada ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
“En primer término, el monto consignado en publicaciones corresponde a un vehículo de la misma marca y modelo Isuzu MU-X, pero con menor cilindrada de motor (1.900 cc), sin equipamiento adicional, accesorios ni seguro contra todo riesgo. Los vehículos adquiridos cuentan con mayor cilindrada y especificaciones técnicas superiores, definidas en el pliego del llamado, que contempló unidades 0 km, año de fabricación 2025, modelo 2026, destinadas al uso institucional, priorizando criterios de desempeño operativo, seguridad y adecuación al servicio”, mencionan.
Además, las especificaciones buscadas establecían la provisión de camionetas cerradas de cinco puertas con requisitos técnicos como motor diésel de cuatro cilindros, cilindrada entre 2.755 cc y 3.000 cc, potencia mínima de 188 HP, transmisión automática de hasta seis velocidades y tracción 4x4, “priorizando criterios de desempeño operativo, seguridad y adecuación al servicio institucional”.
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Pago de los vehículos
Sobre los aspectos financieros, detallan que en el pliego de bases y condiciones estableció la modalidad de pago a crédito, disponiéndose el pago del 50% al momento de la entrega de los vehículos y el 50% restante dentro del plazo de sesenta días posteriores a la presentación de la factura y de las documentaciones exigidas, conforme a lo previsto en el llamado.
“Los vehículos adjudicados corresponden a la versión PESS y se encuentran equipados conforme a las especificaciones técnicas establecidas en el pliego de bases y condiciones. La contratación incluye, sin costo adicional para la institución, servicios integrales de mantenimiento de acuerdo con el Manual del Fabricante, por un período de tres años o hasta 100.000 kilómetros, que comprenden mano de obra, lubricantes y filtros, con mantenimientos periódicos programados. Asimismo, los bienes cuentan con garantía de fábrica por 36 meses o 100.000 kilómetros”, argumentan.
Además, se contempla un seguro total por un periodo mínimo de doce meses que cubre daños materiales, pérdida total, responsabilidad civil, ocupantes y gastos médicos, además de servicios de asistencia mecánica, grúa y ambulancia disponibles las 24 horas.
Entre las propuestas presentadas, la adjudicada bajo la modalidad de Subasta a la Baja Electrónica, fue Automotor S.A, cuyo precio fue ajustado durante el desarrollo del proceso conforme a las reglas de la subasta, resultando finalmente adjudicado al precio referencial G. 573.500.000.
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