El ministro del Interior, Enrique Riera, excusó la inoperancia de las fuerzas públicas en que supuestamente sectores políticos, entre ellos Codehupy y otras organizaciones sociales, presionan a las autoridades para liberar a detenidos y apresados, como ocurrió tras la represión policial en el conflicto de Lusipar, que terminó con más de 500 aprehendidos.
“Sectores políticos identificados que presionan a los jueces y a los fiscales locales, en razón de la criminalización de la lucha social, Codehupy, Tierra Viva, Mecanismo de la Tortura, hay un montón de gente que está metida en el asunto y nuestras autoridades muchas veces no soportan esta presión, entonces esto debilita el sistema, el Estado de derecho y la defensa a la propiedad que es inviolable”, afirmó el ministro Riera.
Desde la Codehupy tildaron estas declaraciones de irresponsables, además de que las mismas denotan la inoperancia del ministro como administrador de la seguridad en el país, así como de las fuerzas públicas.
“Las declaraciones del ministro Enrique Riera, en las que atribuye responsabilidad a la Codehupy y a otras organizaciones, además de ser irresponsables, denotan su propia inoperancia y la de las fuerzas públicas para administrar y enfrentar el conflicto existente con las organizaciones criminales, así como la problemática estructural de la tierra en Paraguay”, reclaman.
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Exigen pruebas a Riera
Las declaraciones de Riera terminan por ser acusaciones con las que, básicamente, tilda a las organizaciones de influir en la decisión de autoridades para liberar a aprehendidos por la Policía Nacional, lo que podría incluso considerarse un crimen, por lo que desde Codehupy exigen pruebas al ministro del Interior.
“Si el ministro Riera cuenta con información sobre hechos punibles, como los que atribuye a nuestras organizaciones, tiene la obligación de denunciarlos formalmente y presentar los elementos de prueba que respalden sus afirmaciones”, sostienen en el comunicado.
Desde la organización, manifestaron su condena a las operaciones delictivas en el departamento de Canindeyú, donde fue secuestrado por el autodenominado Ejército Paraguayo (EPP), Almir de Brum, y exigen acciones al Estado paraguayo.
Además, expresaron su solidaridad con las víctimas, destacando que como Codehupy siempre mantienen un posicionamiento claro de condena a las operaciones delictivas atribuidas al EPP, así como la exigencia al Estado paraguayo de acciones para la recuperación de las personas secuestradas y la protección de las comunidades campesinas e indígenas, que también son víctimas en este contexto.
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Esto, también en el contexto de que el propio Riera sostuvo que existe un “cóctel explosivo” de indígenas y campesinos en la zona donde ocurrió el secuestro.
“Estas demandas constan en diversos documentos públicos y en reclamos internacionales presentados por nuestra red desde hace más de una década. La Codehupy y sus organizaciones han documentado violaciones de derechos humanos en los departamentos militarizados desde el año 2013”, señalan.
Denuncian violación de DDHH en zonas militarizadas
Entre estas violaciones citan la persecución a dirigentes campesinos e indígenas, los desalojos forzosos, las torturas y las detenciones arbitrarias, las mismas que no han tenido relación con grupos criminales y que, sin embargo, han sido criminalizadas y estigmatizadas por el Estado en su afán de confundir a la ciudadanía.
“Muchas de estas prácticas se están repitiendo en el departamento de Canindeyú. Exigimos al Estado paraguayo acciones concretas contra las organizaciones criminales, el cese de la persecución a las comunidades campesinas e indígenas y la protección efectiva de las mismas. Es inadmisible que el Estado, con toda su infraestructura de seguridad a disposición, no pueda resolver un conflicto que, en palabras de las propias autoridades, involucra a un grupo minúsculo de personas, y que busque responsabilizar a la sociedad civil de su inoperancia”, .
Recuerdan que el Estado paraguayo tiene la obligación de garantizar los derechos humanos, debe proteger a la ciudadanía en general y, en particular, a las comunidades y personas que habitan en las zonas militarizadas.