La defensa del senador colorado cartista Erico Galeano Segovia, ejercida por los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Fernando Almada, presentó hoy sus alegatos finales ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Alberto Dávalos. La misma quiso instalar la duda en los jueces al intentar desacreditar el trabajo del Ministerio Público, representado por los fiscales Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, sobre las vinculaciones de Galeano con investigados en A Ultranza.
El abogado Estigarribia, quien expuso en primer turno, solicitó la absolución por duda razonable para el legislador; en tanto que el abogado Almada, que alegó posteriormente, peticionó la absolución de Erico Galeano, además de que se impongan las costas al Ministerio Público.
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Ambos defensores señalaron que durante el juicio oral y público, que tiene poco más de seis meses de duración ya, “no se pudieron probar los hechos”.
El senador colorado Erico Galeano había sido acusado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico y asociación criminal, por sus presuntas vinculaciones con el uruguayo prófugo Sebastián Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, y otros miembros de un grupo criminal investigado en el caso A Ultranza, que habrían utilizado el avión de Galeano, con matrícula ZP-BHQ.
La continuidad del juicio se fijó para el próximo miércoles 4 de marzo, a las 8:00, con al etapa de réplica de la Fiscalía y dúplica de la defensa, si así lo consideran necesario las partes, para luego dar lugar a la deliberación de los miembros del tribunal.
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Defensa de Erico Galeano custionó pedido de prisión
El abogado Ricardo Estigarribia, previa a la presentación de sus alegatos, cuestionó a el pedido de la Fiscalía que solicitó la prisión preventiva del legislador. En este instante resaltó que su cliente siempre tuvo buena conducta y predisposición durante el proceso penal.
“¿Cuántas veces el señor Erico Galeano suspendió una audiencia de juicio? No van a encontrar. ¿Cuántas veces llegó tarde? fácilmente siempre estamos 20 minutos antes, pero el fiscal siempre llegó tarde faltandole el respeto a todos”, expresó Estigarribia.
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“Cuando se fijaba la fecha para seguir el juicio nosotros fácilmente podíamos recusar en el día 10 o enfermarle al señor Galeano, o enfermarnos nosotros, pero estuvimos fácilmente temprano”, añadió el abogado defensor con el fin de que los jueces tengan en cuenta la conducta de su cliente y no dictar su prisión preventiva en caso de una sentencia condenatoria.
Por último, Estigarribia cuestionó porqué el Ministerio Público pidió la prisión preventiva de Erico Galeano ahora, señalando un riesgo de obstrucción, y no antes cuando los testigos aún no habían declarado en juicio.
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Para defensa no hay nexo entre investigados con A Ultranza
Inicialmente Estigarribia expuso como hechos no controvertidos, la compra del inmueble en Altos, en el complejo habitacional Aqua Village, el 8 de febrero de 2013. Por el mismo, Erigo Galeano pagó US$ 210.599; “otro hecho es que la inmobiliaria Raíces informó que ese inmueble tuvo una revaloración del 168%, alcanzando la suma total US$ 564.405, solo en el terreno”.
Otro hecho citado por como cierto por Estigarribia es que el 14 de julio de 2018, Erico Galeno asumió como diputado y presentó su declaración jurada de bienes; el 14 de octubre de 2020, celebró un contrato privado de compraventa con Hugo Manuel González Ramos, a través del cual vendió un inmueble por US$ 1.000.000, que fue facturado.
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Además, es “imposible negar que Sebastián Marset jugó en el Deportivo Capiatá en abril de 2021, lo que está plenamente probado”, indicó Estigarribia.
Sin embargo, hacia el final de sus alegatos el abogado Estigarribia volvió a referirse sobre estos mismos puntos. Así, señaló que Galeano no declaró dicho inmueble en su declaración jurada de bienes porque “no es que él no tenía la obligación de declarar, sino que no había razón para consignar ese bien, porque no estaba registrado a su nombre, porque el inmueble no tiene título de propiedad”.
Con relación al dinero, Estigarribia expuso que el importe pagado por el edificio lo depositó en un banco y lo justificó con el contrato de compra-venta.
En cuanto a la operación de compra-venta con Hugo González Ramos, “era un extraño y ciudadano común, era propietario de la estancia San Agustín. El 22 de febrero de 2022 se lanzó el operativo A Ultranza, dos años después de la compra-venta y todo fue por intermediario inmobiliario, nunca hubo trato personal”, alegó el abogado.
Amplió sobre el punto señalando que como “en paraguay el precio inmobiliario no está normado, la formación del precio es discrecional, por lo que mal el Ministerio Público puede pretender que Erico (Galeano) le puede poner un sobrecosto a su inmueble”.
En cuanto al contacto entre Sebastián Marset y Erico Galeano, Estigarribia enfatizó “es difícil probar lo que no ocurre y reitero, la demostración más clara es que desde el año 2020 no asistía Erico Galeano al club (Deportivo Capiatá), por cuestiones personales y de salud, él solo era presidente en papeles y Óscar Barreto era el presidente de facto”.
El defensor del legislador argumentó: “Erico y Marset nunca se cruzaron en el club. Erico Galeano, documentalmente dejó de ser dirigente en enero de 2021 y Marset llegó en abril de 2021. Ni siquiera se le puede vincular al empresario Derlis Maidana con Erico Galeano, por lo que no hay nexo causal; no hay forma de mezclarle a estas dos personas”.
Sobre el auspicio de la firma “Total Cars”, según refirió Estigarribia “el auspicio no fue pagado, las camisetas se imprimieron y quedaron así”.
Defensa habla de selectividad de la Fiscalía
Por otra parte, pero siempre en el contexto de los vuelos en los que viajaron como pasajeros Marset y compañía, Estigarribia citó al piloto Diego Quiroz, quien en su declaración en juicio había señalado que los viajes los pasajeros pasan por filtros militares, policiales y de la Senad incluso, el testigo también refirió que solo trasladó a Erico Galeano y su familia.
En cuanto al piloto Fredy Garcete, había declarado que realizó vuelos a pedido del piloto Diego Quiroz, y expuso además que “entre pilotos coordinamos los vuelos, en ese sentido Erico Galeano siempre hizo pedidos a través de Quiroz; siempre fue de aeropuerto a aeropuerto, de Asunción a Ciudad del Este”, según citó Estigarribia.
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Durante su presencia en juicio como testigo, a Garcete se le había consultado sobre Sebastián Marset, a lo que el mismo respondió que lo recordaba vagamente, mientars que el otro piloto que testificó fue Alfredo Gómez, quien según su declaración en juicio había señalado que “a pedido del señor (Alberto) Koube, le pedí al señor Quiroz y este le asignó el avión de Erico Galeano que entonces estaba disponible.
“Seis vuelos en su avión, de los mil que se registraron según frecuencias, ¿Erico Galeano realmente aportó una cuestión elemental para la columna vertebral para que el grupo siga delinquiendo?, la Fiscalía ignoró el principio operativo de que el uso opcional de un vehículo no genera vínculo”, expresó Estigarribia.
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“La declaración de Alfredo Gómez nos hace presumir que los pilotos eran los articuladores de los vuelos, refuerza que la cercanía operativa recae en los pilotos o usuarios y no en el propietario de los aviones”, indicó Estigarribia. Luego atacó nuevamente a la Fiscalía con que la misma “prescinde de cronología por lo que debilita el nexo causal y sugiere selectividad punitiva”, al no haber incluido a los pilotos en la pesquisa.
<b>“Criminalizaron el pasado”, según defensa</b>
A su turno, el abogado Luis Almada coincidió y reforzó los alegatos presentados previamente por su colega. Así también, hizo hincapié en un elemento presentado por el Ministerio Público, en relación a Juan Cañete, quien es cuñado del senador, “esto representa la homonimia utilizada para tapar la ausencia de prueba directa, es el intento más pobre”.
El mismo “fue mencionado en un formulario bancario de referencias del senador” y la Ficalía “intenta hacerlo pasar por Juan Fernando Cañete, iquien está investigado en A Ultranza”, de acuerdo con la exposición del abogado defensor Luis Almada.
Posteriormente el defensor manifestó que “esta causa expuso el error metodológico de la Fiscalía, que juzgó conductas normales, legales, a la luz de acontecimientos muy posteriores, instalando dolo donde nunca existió, criminalizaron el pasado con difamación del futuro”.
Más adelante, Almada hizo referencia a que esta causa “marcó vidas que se vieron alteradas profesionalmente por una construcción retrospectiva totalmente errada”, haciendo alusión a los pilotos que según dijo no están trabajando además de que por razón de este caso “se instaló una psicosis sin precedentes en personas que tienen aviones”.
“Para que la tesis fiscal sea real, tuvieron que haber venido a mentir todos en este juicio”, sostuvo en otro momento intentado desmeritar el trabajo fiscal al tiempo de señalar que “el pedido de de pena de 17 años, no surge de la prueba sino de la necesidad de sostener que la tesis fiscal fue probada”.
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Fiscalía había solicitado 17 años de prisión para Erico Galeano
La Fiscalía presentó sus alegatos finales el 13 de febrero. Durante su exposición, afirmó que Galeano supuestamente brindó apoyo logístico al esquema criminal, con el préstamo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ para que los supuestos líderes de la organización criminal, Miguel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, Sebastián Marset, y otros acusados, se trasladen en el territorio nacional.
La primera pista sobre la vinculación del legislador con el grupo criminal surgió cuando en uno de los allanamientos realizados en el marco de la Operación A Ultranza PY, los investigadores hallaron una factura de la ANDE a nombre de Erico Galeano en una residencia del condominio Aqua Village, en Altos.
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El legislador presentó un contrato privado de compra venta, donde figura que el 14 de octubre de 2020 vendió la propiedad a Hugo González Ramos (prófugo), por US$ 1.000.000, pagados al contado, según contrato privado realizado ante la escribana Olga Graciela Peralta.
El fiscal Corbeta sostuvo, sobre la venta del inmuebñe, que se trató de una operación simulada, que González Ramos es testaferro de Miguel Ángel Insfrán Galeano quien, según la Fiscalía, es el verdadero propietario del inmueble.
La Fiscalía detalló el historial financiero de González Ramos que evidencia que el mismo carecía de ingresos suficientes y tampoco obtuvo préstamo para ello. Es decir, la falta de capacidad económica y patrimonial para comprar la propiedad por la que pagó supuestamente poco más de G. 7.000 millones.