El juicio oral y público que afronta la exfiscala de San Lorenzo Ana Elizabeth Girala López, acusada por el supuesto esquema de coima y extorsión en la unidad que estaba a su cargo; continuará este viernes 13, a las 8:30, con las declaraciones de los últimos peritos propuestos por el Ministerio Público.
En la siguiente audiencia declararían ante el tribunal los demás acusados en la causa, según lo anunciado por las defensas; y luego ya se fijará fecha para que los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez, de Delitos Económicos y Anticorrupción, presenten sus alegatos conclusivos sobre el caso.
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Los demás enjuiciados son Christi Magalí Ortega Domínguez, exasistente de la Unidad Penal N° 1 de San Lorenzo; Griselda Beatriz Acha Alcaraz, exsecretaria de dicha unidad fiscal; y los abogados Marcos Aurelio Velazco Mendoza, Nélida Vicenta Alcaraz Bogarín y Liz Elena Martínez Robles.
El juzgamiento de la causa está a cargo del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos integrado por las juezas Yolanda Morel, como presidenta; Ana Rodríguez Brozón y Karina Cáceres, como miembros titulares.
Ana Girala dirigía esquema de “apriete”, según acusación
Este proceso se inició a partir de la denuncia de un ciudadano al que le pidieron la suma de G. 25 millones para no acusar a su hijo por una tentativa de homicidio doloso, según la acusación presentada por el entonces fiscal Osmar Legal (hoy juez de Garantías contra Crimen Organizado) y el agente de la Unidad Anticorrupción Francisco Cabrera, con base en una investigación hecha entre los meses de setiembre de 2022 y febrero de 2023.
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La investigación reveló que se instaló una verdadera “oficina de recaudación” en la Unidad Penal N° 1 de la Fiscalía de San Lorenzo, que estaba a cargo de Girala.
“En muchos casos, las funcionarias Christi Ortega y Griselda Acha recibieron sumas de dinero en efectivo en la propia secretaría de la unidad fiscal, que luego se distribuía, incluso a través de transferencias bancarias entre las tres”, puntualiza la acusación sostenida en el presente juicio oral.
La hipótesis fiscal agrega que “este no fue el único caso, causa penal, ni la única oportunidad en que las acusadas negociaron salidas procesales a cambio de pedir y recibir sumas de dinero para repartirse entre ellas”.
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La acusación contiene un total de 28 casos de “apriete” desde setiembre del año 2022, desde la unidad penal del Ministerio Público que estaba a cargo de la exfiscala hoy acusada Ana Girala.
Al inicio del proceso la entonces agente fiscal estuvo en prisión, desde el 6 hasta el 26 de junio de 2023, y pasó a cumplir arresto domiciliario por disposición de la Cámara de Apelaciones.
Una “oficina de recaudación”
La pericia realizada por el Ministerio Público a todos los celulares de los presuntos involucrados reveló que la entonces fiscala Ana Girala no solamente estaba al tanto de todo, sino que era ella quien dirigía esos “aprietes” a los imputados o víctimas de los procesos que tenía a su cargo, de acuerdo con lo resaltado en el juicio por los fiscales Francisco Cabrera y Verónica Valdez.
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La acusación fiscal por presunto cohecho pasivo agravado (coima), extorsión, persecución de inocentes y asociación criminal resalta que Ana Girala negociaba procesos penales a cambio de artículos como parrilla o mesa de lapacho para su quincho. Esto se revela en los mensajes extraídos de los celulares de los procesados y que fueron expuestos ante el tribunal que preside la jueza Yolanda Morel de Ramírez.
El 18 de octubre de 2023, un día antes de la audiencia preliminar en la que el juez de Garantías José Agustín Delmás elevó a juicio oral la presente causa, el pleno de la Corte Suprema de Justicia aceptó la renuncia de Ana Girala como agente del Ministerio Público.