Luego de casi dos semanas el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el pedido de suspensión en el cargo para la fiscala de Ayolas Stella Mary Cano, según confirmaron fuentes de ese órgano. Desde el 26 de febrero, la fiscala está ejuiciada de oficio ante el órgano extrapoder, por presunto mal desempeño en sus funciones.
Ahora está a cargo de la máxima autoridad del Poder Judicial, que tiene sesión ordinaria este miércoles 11 de marzo, si aplica la medida solicitada por el órgano juzgador de magistrados, fiscales y defensores públicos. En la oportunidad también definirían si es con o sin goce de salario base.
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Igualmente, el Jurado también comunicó vía oficio al juzgado penal de garantías de Clara Ruíz Díaz, ante el cual se tramita la causa penal contra la fiscala Stella Mary Cano, que la misma ya fue despojada de su inmunidad.
A partir de dicha situación, la jueza Ruíz Díaz podrá iniciar formalmente el proceso penal contra la fiscala Cano, con la admisión de la imputación y la posterior convocatoria a la encausada para su audiencia de imposición de medidas. Cabe recordar que la fiscala Sonia Sanguines imputó el 20 de febrero de este año a Stella Mary Cano por supuesta persecución de inocentes.
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Fiscala Stella Mary recibió denuncia por supuesta estafa
El caso llegó a la Fiscalía luego de que María Teresa Escobar denunciara al estilista Ciro Panniello pues ambos intentaron formar una sociedad para abrir una sucursal de la peluquería del italiano. Pese a que la mujer adelantó el pago para ese fin, la sociedad no prosperó.
Ante esa situación, Panniello entregó un cheque por G. 120 millones como garantía por el adelanto que hizo Escobar. Sin embargo, cuando la mujer intentó efectivizar la hoja de pago esta le fue rechazada por fecha deficiente. Desde ese hecho, y conociendo que en la peluquería había elementos que superaban el valor de G. 770 millones, según inventario, Escobar pidió la entrega de estos como reparación del daño.
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Escobar consiguió que Panniello le entregue los enseres de la peluquería valorados en G. 778.204.625, luego de que la fiscala Stella Mary Cano ordenara la detención del italiano y dispusiese su traslado, así como el de la mujer, una asistente fiscal y otros abogados hasta la sede de la peluquería para una “constitución” que, en el fondo, tuvo por finalidad un “acuerdo conciliatorio entre las partes”.
Es ese encuentro Panniello, que en ese momento seguía privado de libertad, firmó el acuerdo y entregó los bienes a Escobar, y según denunció fue bajo amenaza de que lo llevarían a Tacumbú. Tras esa “conciliación”, Cano ordenó la libertad del italiano y después, pidió desestimar la causa por acuerdo conciliatorio.
Más adelante, ante el juez de garantías, Panniello dijo que fue coaccionado para firmar, por esto el juzgado rechazó el pedido fiscal.
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Intervención de adjunta desnudó nula actuación fiscal
Tras el primer trámite de oposición del juzgado penal de garantías, en agosto de 2018, la fiscala Stella Mary Cano se ratificó en su pedido en septiembre, pero nuevamente el juez del caso devolvió al Ministerio Público el pedido para su estudio. Esta vez, la responsabilidad recaía en la fiscala adjunta Gilda Villalba.
Villalba rectificó en diciembre de 2018 el pedido de extinción de la acción penal por la causa de conciliación y solicitó al juzgado que prosiga la investigación. Sobre lo último, la fiscala adjunta propuso la realización de un total de 18 diligencias. En este punto cabe resaltar que Cano no había hecho ningún acto investigativo, más que la testifical a la denunciante antes de ordenar la detención de Panniello.
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Entre las diligencias investigativas se incluían la toma de declaraciones de las personas involucradas, como la esposa de Ciro Panniello, de la escribana y varios funcionarios que tenían conocimiento de los hechos, así como solicitud de informes a la Aduana, a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) -hoy Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)-, así como a la Abogacía del Tesoro, es decir, averiguaciones iniciales de carácter patrimonial para someter análisis y construir la teoría del caso.
Al respecto, la fiscala Sonia Sanguinés señala en la imputación por persecución de inocentes contra Stella Mary Cano que “conforme a la experiencia y preparación de la agente fiscal debió realizar atendiendo los hechos denunciados y los tipos penales (Estafa y Lesión de Confianza)”.
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Luego en junio de 2019 fue designado el fiscal Óscar Delfino para continuar la investigación y es él, quien luego de agotar las instancias, “solicitó la desestimación de la denuncia por no existir hecho punible”. Finalmente el caso fue desestimado en febrero de 2021.
Todo esto dejó al desnudo que la fiscala Stella Mary Cano no realizó ninguna diligencia y hace presumir a la Fiscalía que se habría prestado para coaccionar a un ciudadano extranjero en aparente connivencia con la denunciante.