Según una denuncia presentada en agosto de 2022 por la entonces senadora Desirée Masi, algunos fiscales contaban con información relacionada a personas vinculadas con casos emblemáticos, como el megaoperativo antidrogas A Ultranza y el avión iraní. Sin embargo, los agentes no avanzaron en la investigación y permitieron -según dijo- la fuga de estos sospechosos, entre ellos Sebastián Marset.
La parlamentaria reveló entonces que el nombre de Marset ya fue mencionado junto a Ezequiel Santoro, Alberto Koube, el brasileño Lindomar Reges Furtado y el asesinado Mauricio Schwartzman, en un informe que fue remitido a la Fiscalía por el Departamento de Investigaciones de Alto Paraná en mayo de 2021. Todas estas personas estaban vinculadas a investigaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero.
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La presentación realizada ante el Senado explicaba que Santoro era miembro de la organización criminal -dedicada al narcotráfico- liderada por Marset, junto a Koube y Schwartzman, pero recién se dio paso a una investigación con el inicio del megaoperativo A Ultranza PY, en febrero del 2022.
Operativo Smart
ABC accedió a información que indicaba que el exjugador del Deportivo Capiatá no se fugó en setiembre del 2021, cuando apareció en Emiratos Árabes con documentos falsos y quedó preso por algún tiempo. En realidad, Marset y familia huyeron de Paraguay el lunes 7 de junio de ese año cuando era investigado por el fiscal del Crimen Organizado Lorenzo Lezcano, exministro del Interior y exsecretario de inteligencia del gobierno de Horacio Cartes.
Todo indicaba que tras un reporte de inteligencia del Uruguay, un reducido equipo policial del Comando Tripartito inició investigaciones clasificadas y confidenciales que duraron prácticamente todo el año 2021, con avances periódicos al fiscal Lezcano a quien se pidió abrir una causa penal.
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Este operativo que se mantenía en extremo sigilo recibió el nombre de “Smart” y las investigaciones se mantenían tan confidenciales que ni la cúpula policial conocía el contenido de los reportes; de los mismos sabían solo el jefe de Investigaciones de Alto Paraná, los investigadores policiales y el fiscal Lezcano.
“Si desde mayo de 2021 la Fiscalía ya contaba con la información de que Sebastián Marset era el líder de una organización dedicada al narcotráfico y lavado de dinero, ¿por qué no lo había imputado aún?”, se había quejado la senadora de la oposición.
El blanqueo del JEM
El fiscal Lorenzo Lezcano afrontó una denuncia ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, donde los ministros de la Corte Suprema Manuel Ramírez Candia y César Garay Zuccolillo votaron por sancionarlo por negligencia en un hecho que más adelante con el Operativo A Ultranza Py, se demostró que era sumamente grave.
Sin embargo, los votos de Orlando Arévalo (presidente del JEM), el diputado Alejandro Aguilera y los senadores Mario Varela y Derlis Maidana permitieron blanquear al fiscal, argumentando que este sí realizó diligencias investigativas y que aún así no pudo demostrar que el supuesto narco Sebastián Marset, con su gavilla, estaban perpetrando lavado de dinero y tráfico de drogas.