De acuerdo con los registros oficiales del portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), el llamado fue publicado el 9 de marzo bajo la figura de “vía de la excepción”, identificada como VE N° 01/2026, invocando una supuesta urgencia impostergable para concluir la obra.
Sin embargo, recién al día siguiente, el 10 de marzo, la Municipalidad anunció oficialmente la rescisión del contrato con la empresa MES Trading & Service, representada por Marcelo Eduardo Sánchez Quintana, que había sido adjudicada en 2019 para ejecutar los trabajos, financiados mediante un convenio bilateral firmado en 2018 por Paraguay y Taiwán, que establecía un aporte total de US$ 1,2 millones.
La secuencia continuó con la apertura de sobres de las nuevas ofertas el 11 de marzo, apenas 48 horas después de la publicación del llamado y solo un día después de formalizarse la rescisión contractual, lo que evidencia un proceso acelerado.
El mecanismo utilizado, la vía de la excepción, es un procedimiento especial que permite seleccionar proveedores sin recurrir a una licitación pública convencional, reduciendo significativamente los plazos y requisitos del proceso competitivo.
Según la normativa vigente, esta modalidad debe aplicarse únicamente en circunstancias específicas, como emergencias, situaciones de exclusividad o casos debidamente justificados que impidan realizar un llamado abierto tradicional.
No obstante, su utilización en este caso reaviva críticas, considerando que en el pasado la Municipalidad de Villarrica ya fue observada por la Contraloría General de la República (CGR) por recurrir a este tipo de procedimientos —vía de la excepción y procedimientos de menor cuantía— sin acreditar plenamente las causales legales.
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Uno de los principales cuestionamientos radica en que la vía de la excepción concentra la responsabilidad del proceso en la máxima autoridad de la institución, es decir, el intendente municipal, sin requerir la intervención ni aprobación de la Junta Municipal.
Hasta el momento, el intendente Magín Benítez (PLRA) no brindó explicaciones detalladas sobre las razones específicas que motivaron la utilización de este mecanismo en lugar de una licitación pública tradicional. El jefe comunal se limitó a señalar que todavía no se adjudicó la obra a ninguna de las empresas oferentes y que en los próximos días se darán a conocer más detalles sobre el proceso en curso.
Rescisión de contrato por supuestas irregularidades y abandono de la obra
Desde la Municipalidad, se justificó la rescisión del contrato anterior señalando la existencia de incumplimientos graves por parte de la empresa adjudicada inicialmente.
Según un comunicado oficial, se detectaron trabajos que fueron certificados y pagados durante administraciones anteriores, pero que no fueron ejecutados en la obra, lo que motivó la presentación de una denuncia ante el Ministerio Público.
Asimismo, indicaron que la firma incumplió plazos contractuales, no presentó garantías exigidas y no mostró avances significativos pese a haber sido intimada para retomar los trabajos.
Anuncian acciones contra la comuna
El representante de la empresa MES Trading & Service, Marcelo Sánchez, confirmó que accionarán ante la DNCP o por vías judiciales una vez que el equipo jurídico de la firma resuelva la hoja de ruta. No obstante, omitió detalles sobre las posibles acciones, pero afirmó que la firma se acercó en reiteradas ocasiones a la Intendencia para promover un finiquito administrativo y llegar a un acuerdo con el jefe comunal.
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Tres oferentes
En el nuevo proceso licitatorio participaron tres empresas: Crispín Construcciones, Real Construcciones y Bogado Construcciones, cuyos sobres de ofertas fueron abiertos el 11 de marzo en sede municipal. Hasta el momento, no se publicaron los montos ofertados por cada una.
En cuanto al financiamiento, la comuna estima que la inversión total necesaria para culminar el Teatro Municipal ronda los G. 4.100 millones, monto que incluye distintas fuentes de recursos.
Entre ellas se encuentran aproximadamente G. 1.500 millones de fondos municipales, unos G. 2.340 millones provenientes de la cooperación del Gobierno de Taiwán y cerca de G. 300 millones recuperados tras supuestas irregularidades en administraciones anteriores.
Desde la administración municipal aseguran que la culminación del teatro es una prioridad, atendiendo a su valor histórico, cultural y simbólico para la ciudad de Villarrica.