Mientras miles de trabajadores aportan mensualmente bajo la promesa de una seguridad social digna, la administración de Jorge Brítez en el Instituto de Previsión Social (IPS), responde con quirófanos clausurados, una distribución de personal que roza el absurdo y un esquema que prioriza la burocracia sobre la vida.
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Un nuevo reporte de seguimiento de la evaluación de la Contraloría General de la República al plan de mejoramiento que le presentó la previsional, reavivó el informe del ejercicio fiscal 2024 presentado en julio pasado por la CGR.
En el documento se expone que, bajo el mando de Brítez como presidente del Consejo de Administración, el dinero de los aportantes se diluye en salarios mal aprovechados, mientras los pacientes esperan meses por un turno, una cirugía que podría salvarles la vida o medicamentos que nunca están disponibles.
San Antonio: 11 odontólogos para un solo sillón
Uno de los hallazgos más absurdos de la auditoría tiene que ver con la Unidad Sanitaria de San Antonio. Allí, el IPS paga salarios a 11 odontólogos, pero la sede solo cuenta con un consultorio y un solo sillón dental. Este despropósito le cuesta al Estado —y al bolsillo del trabajador— aproximadamente G. 817 millones al año en sueldos para profesionales que no tienen dónde atender, ya que deben turnarse el único equipo disponible.
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La indignación es mayor debido a que en el mismo servicio del IPS, las urgencias pediátricas quedan desprotegidas casi toda la semana por falta de especialistas. La auditoría indica que solo se cuenta con un médico especialista para las urgencias de pediatría, únicamente los lunes y martes. El resto de la semana, la atención especializada para niños queda desprotegida.
La Contraloría concluye que el IPS no optimiza sus recursos. En algunos lugares falta personal esencial, mientras que en otros sobra personal pero falta equipo.
Quirófanos “de adorno” y listas de espera eternas
La negligencia es todavía más visible en servicios grandes como el Hospital de Especialidades Quirúrgicas - Ingavi. De los 22 quirófanos disponibles, solo 18 están operativos. Según el informe de la Contraloría, el IPS no es capaz de contratar o gestionar el personal de enfermería necesario para habilitar las cuatro salas restantes.
El documento expone un déficit de 900 funcionarios en este hospital y, la lista de espera quirúrgica que crece de forma alarmante, superando incluso las consultas ambulatorias.
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La administración de Brítez intentó justificar la parálisis con una “falta de presupuesto” que la Contraloría calificó como un pretexto insuficiente para evadir su obligación legal.
El documento, que realiza 29 observaciones en 200 páginas, resalta también que en el Hospital Central, el área de Neonatología sobrevive entre el déficit de especialistas y el abandono de la capacitación técnica. En un acto de cinismo institucional, el IPS admitió que en 2024 gastó cero guaraníes en capacitación externa, pretendiendo que la alta especialidad médica se cubra con charlas gratuitas o con la “buena voluntad” de los directores.
Pese a las interminables quejas del asegurado en la atención que brinda el IPS, las muertes evitables, las licitaciones presuntamente digitadas al entorno de Santiago Peña y, el desvió de fondos para beneficiar a la cúpula gerencial, la Cámara de Diputados rechazó el martes último el pedido de interpelación al titular del IPS Jorge Brítez y al gerente de Salud, Derlis León. Los cartistas dicen que dichas autoridades ya dieron suficientes explicaciones cuando fueron convocados en comisiones.