Activistas por los derechos de los animales llegaron hasta la Cámara de Diputados para entregar el proyecto a través del cual buscan establecer un esquema de regulación que distingue entre pirotecnia visual y pirotecnia sonora, concentrando en esta última las restricciones más severas. Como objetivo central se señala la necesidad de una regulación adecuada sobre un tema que cada año deriva en lesionados, en su mayoría menores de edad, además de impactar negativamente sobre animales y el medio ambiente.
La propuesta recibe el nombre de “Ley Canela” en honor a la perrita que en año nuevo resultó gravemente herida cuando un petardo le explotó en la boca. Recientemente, Canela fue sometida a una cirugía en la que le fue colocada una prótesis y continúa con su proceso de recuperación.
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El texto establece una prohibición de la venta callejera, ambulante o informal de pirotecnia en todo el país. La comercialización, según la propuesta, quedaría permitida únicamente en establecimientos habilitados y autorizados por las autoridades competentes. Asimismo, plantea como medida tajante la prohibición de vender, entregar o facilitar artefactos pirotécnicos a menores de 18 años.
En cuanto a la pirotecnia sonora, se pretende limitar el uso exclusivamente a espectáculos autorizados por las autoridades competentes y ejecutados por operadores habilitados. Además, dichos eventos no podrían realizarse a menos de 500 metros de:
- Hospitales y centros de salud
- Escuelas
- Hogares de niños
- Residencias de adultos mayores
- Refugios de animales
La aplicación de la ley estará a cargo del Ministerio del Interior, en coordinación con la Dirección de Material Bélico, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Industria y Comercio, y las autoridades municipales y departamentales. Las infracciones conllevarán sanciones administrativas a través de multas que oscilan entre 50 y 500 jornales mínimos; así como el decomiso de productos y la clausura de establecimientos.
El documento fue recibido por el diputado de Asunción, José Rodríguez (ANR) quien será el encargado de impulsar su tratamiento en el Parlamento.
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