El Consejo de Superintendencia de la Corte, conformado por el ministro y presidente Alberto Martínez Simón y los vicepresidentes primero Luis María Benítez Riera y segundo Gustavo Santander Dans, resolvió instruir sumario administrativo a dos funcionarias del Palacio de Justicia de San Lorenzo que protagonizaron una “sesión de spa” y no atendieron la denuncia de una mujer.
Las sumariadas a partir de la Resolución CSCSJ N° 15 son Silvia María Sugasti Delgado, actuaria judicial, y Gessica Rosalía Caballero Cuquejo, técnico administrativo. A partir de esto, las funcionarias están sujetas a un proceso de averiguación, comprobación y esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados.
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Ambas habrían sido captadas en video durante una sesión de “spa” en plena Oficina de Atención a Víctimas de Violencia del Palacio de Justicia de San Lorenzo, cuando una mujer que acudió para denunciar un hecho de violencia. Además de que no se le tomó la denuncia, la afectada dijo haber sido revictimizada en esa oficina.
Igualmente, los ministros de la máxima autoridad judicial resolvieron suspender preventivamente a Sugasti Delgado y Caballero Cuquejo sin goce de sueldo mientras dure el proceso disciplinario o se dicte resolución dejando sin efecto dicha medida cautelar.
Para este proceso administrativo, fue designada como jueza instructora la abogada Analía Velázquez, superintendente general de justicia.
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Ministro superintendente pidió investigar caso de “spa”
De acuerdo con lo que señala la resolución de la Corte Suprema de Justicia, el ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Central, Eugenio Jiménez Rolón, solicitó la instrucción de sumario a la actuaria judicial y a las demás funcionarias involucradas en el hecho captado en video por una mujer que fue para hacer su denuncia y que se viralizó por redes sociales.
El caso fue ampliamente difundido a través de publicaciones periodísticas el pasado 21 de marzo.
En reacción a ello y al material audiovisual, en el que se veía a las funcionarias en “modo spa y peluquería” y no atender la denuncia de una mujer que habría sido víctima de hechos de violencia, es que los ministros de la Corte Suprema de Justicia tomaron la determinación referida anteriormente.
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Revictimización en oficina de denuncias
En el video que se hizo viral, realizado días pasados por una mujer que insistía en que le tomen su denuncia en la Oficina de Atención Permanente de Central, se ve sentada y descalza a la actuaria Silvia Sugasti, mientras que la funcionaria Gessica Rosalia Caballero le aplica un tinte.
En una nota presentada en la mesa de entrada del viceministerio de la Mujer el 18 de marzo último, a las 11:44, una joven cuya identidad se reserva, expresó su decepción por la atención recibida en la Oficina de Atención Permanente para Víctimas de Violencia Doméstica de Central, que funciona en el Palacio de Justicia de San Lorenzo.
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La mujer, que se presentó el lunes 16 del corriente para denunciar a su expareja, un militar en servicio activo, por abuso sexual, tentativa de feminicidio y amenaza de muerte sufridos el día anterior, dijo que el actuario Mirko Vera primeramente le reprochó por presentarse al día siguiente del hecho, para luego tomarle los datos.
Una vez presente en la oficina el entonces juez de turno Miguel Ángel Pereira (juez de paz de Ñemby), le indagó a la familiar que acompañó a la denunciante el motivo por el cual no realizó su denuncia directamente ante la Fiscalía, siempre según la presentación.
La denunciante destaca que el magistrado se negó a firmar el oficio a la Unidad Militar donde el denunciado presta servicio y se limitó a decirle que solicite estas diligencias a la Fiscalía, con el pretexto de que el oficio judicial sería “archivado” por los militares.
Ante esta situación, siempre según la denuncia, una familiar de la afectada contactó con la defensora pública de turno María Gloria González, quien adoptó una actitud evasiva, “evadiendo su obligación de guiar y asistirme aunque sea telemáticamente”.
