Según el Ministro de Defensa, Gral. (R) Óscar González, el acuerdo SOFA busca fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas para enfrentar al crimen organizado mediante programas de instrucción y equipamiento tecnológico de punta. El núcleo del acuerdo consiste en un programa de adiestramiento de largo plazo, refirió en On the record Podcast de ABC.
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Esta iniciativa cuenta con una inversión de casi 12 millones de dólares,financiados íntegramente por el ComandoSur de los Estados Unidos. En una primera instancia, un contingente de 12 instructores estadounidenses —cuya entrada debe ser autorizada puntualmente porel Legislativo— capacitará a 40 efectivos paraguayospertenecientes al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.
Uno de los beneficios más tangibles del SOFA es la donación de equipo estratégico, que incluye 12 embarcaciones totalmente nuevas para la Armada Paraguaya. Este paquete logístico se compone de dos buques de gran envergadura y diez lanchas ligeras, destinadas específicamente a combatir el contrabando y fortalecer la presencia del Estado en los ríos.
Además, el ministro confirmó que el Batallón Conjunto de Fuerzas Especiales ya ha recibido lotes de armamento moderno, como fusiles y pistolas, que pasan a ser bienes orgánicos de la institución militar paraguaya.
Preocupaciones respecto a la pérdida de soberanía
Respecto a las preocupaciones sobre la soberanía, González fue enfático al asegurar que el acuerdo prohíbe taxativamente la instalación de bases militares extranjeras y que el personal estadounidense no puedeparticipar en operaciones de combate.
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Los instructores traen su propio equipo y municiones, manteniendo un control riguroso donde cualquier excedente debe retornar a su país de origen. Asimismo, el ministro recordó que los parlamentarios tienen la facultad de fiscalizar estas actividades en cualquier momento para garantizar que no se vulneren los intereses nacionales.
Finalmente, el titular de Defensa aclaró que, aunque el programa de instrucción es de cinco años, el tratado no es indefinido ni obligatorio a perpetuidad.
El documento incluye una cláusula de rescisión que permite a cualquiera de las dos naciones denunciar el acuerdo, concretándose el cierre definitivo en un plazo de un año tras la notificación oficial.
Con esta estructura, el Gobierno busca proyecta una imagen de transparencia frente a las críticas de sectores opositores que ven en esta alianza una excesiva dependencia geopolítica de Washington.