Pedro Gómez, diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lamentó que luego de nueve años el asesinato de Rodrigo Quintana no haya sido esclarecido para saber, especialmente, quién dio la orden de atacar la sede partidaria entre la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril de 2017.
El parlamentario señaló la cuota de responsabilidad política del cartismo, que estaba en el poder en ese tiempo, pero apuntó sobre todo al rol del Ministerio Público que, a su criterio, nunca tuvo la intención real de esclarecer el hecho.
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“Yo creo que hasta ahora no se aclaró, hasta ahora el responsable fáctico como siempre se dice que fue José Ortiz, el que manejaba todo en ese momento no asume o no paga la condena que debe pagarse y no se esclarece también todo; así que lamentamos profundamente que en este país no exista justicia para una persona que dio su vida por el partido”, dijo.
Gómez afirmó que el caso no debe quedar en la impunidad, por la magnitud de su gravedad, aunque dijo que la única forma de que se avance hacia la obtención de justicia es a través de un cambio en la conducción política del país.
“Yo creo que la única manera de que Rodrigo Quintana obtenga justicia será cuando el Partido Colorado caiga”, aseveró el legislador liberal, al tiempo de señalar que la dilación de la investigación trascendió gobiernos.
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El diputado añadió que el sacrificio de Rodrigo Quintana se ve empañado actualmente por el auge del autoritarismo y reiteró que únicamente la llegada de la oposición al poder en 2028 permitirá que “muchas cosas salgan a la luz” y el asesinato del joven dirigente liberal no termine en la impunidad.
Gustavo Florentín, el único condenado
En abril de 2025, un tribunal condenó a 24 años de cárcel al suboficial de la Policía Gustavo Adolfo Florentín Silva por el homicidio doloso del dirigente liberal Rodrigo Quintana en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), en la madrugada del 1 de abril de 2017.
Un punto destacado en la sentencia fue que Florentín no tenía ninguna orden escrita para participar del operativo, pero sus jefes estaban en conocimiento de que formó parte del pelotón policial. Tampoco tenía orden de retiro de arma. Como agravante, se tuvo en cuenta el incumplimiento de las reglas previstas en el propio reglamento de la Policía Nacional y, en este caso específico, también se consideró las especializaciones que el acusado tenía sobre el manejo de disturbios.
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En su declaración, Florentín insistió en su inocencia y afirmó que el entonces ministro del Interior, Lorenzo Lezcano, le ofreció casa y dinero para que se declare culpable.