El urgimiento fue formulado por los fiscales encargados del caso metrobús: Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva, quienes habían imputado al exministro de Obras Públicas Arnoldo Wiens por supuesta lesión de confianza y daño a obras construidas; luego de solicitar el sobreseimiento definitivo del también exministro del MOPC Ramón Jiménez Gaona.
La petición de los agentes del Ministerio Público es que la Cámara de Apelaciones resuelva la recusación planteada por la defensa del exministro Arnoldo Wiens en contra del juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos del Primer Turno, Humberto René Otazú Fernández, en el marco de la presente causa, la cual fue remitida para su estudio el pasado 11 de marzo.
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Desde esa fecha se han apartado del Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Corrupción los camaristas Claudia Criscioni, Arnulfo Arias, Gustavo Amarilla y Silvana Luraghi, quienes argumentaron amistad con las partes para inhibirse de la presente causa.
La recusación contra Otazú fue promovida por la defensa luego que el magistrado admitiera la imputación fiscal, pero solo por el hecho de lesión de confianza, y programara para el 12 de marzo de la audiencia de imposición de medidas. Primeramente, el juez interino Osmar Legal había devuelto el acta de imputación al equipo de agentes del Ministerio Público, calificándola de “deficiente”.
Recurso de Wiens contra proceso por metrobús
En fecha 11 de marzo la defensa también planteó un recurso de reposición con apelación en subsidio en contra de la providencia del 4 de marzo de 2026, a través de la cual el juez Humberto Otazú admitió la imputación presentada por el equipo fiscal, recurso que hasta la fecha se encuentra pendiente de sustanciación en atención a que la presente causa se encuentra sin juez, dada la recusación contra el juez natural.
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La Fiscalía imputó a Wiens por presunta lesión de confianza y daño a obras construidas, responsabilizándolo del fracaso final del proyecto del metrobús por decisiones sobre el mismo que tomó cuando era ministro de Obras Públicas, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), incluyendo modificaciones al contrato con la empresa adjudicada Mota Engil y la destrucción de estaciones que ya habían sido construidas.
El Ministerio Público -representado en el caso por los fiscales Yeimy Adle, Giovanni Grisetti y Nathalia Silva– se ratificó en su imputación luego de que el juez interino de la causa, Osmar Legal, rechazara la imputación calificándola de “deficiente”.
Arnoldo Wiens y su defensa mantienen que la imputación en su contra por el caso metrobús tiene motivaciones políticas y busca frenar su precandidatura a la presidencia de la República, un proyecto electoral que lleva adelante en representación de una facción disidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).
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Denuncia por caso metrobús se presentó hace 8 años
La defensa recuerda que en mayo de 2018, el ingeniero Herman Pankow presentó la denuncia penal contra el entonces ministro del MOPC, Ramón Jiménez Gaona, además de otros funcionarios y personas vinculadas con el proyecto Metrobús, por la presunta comisión del hecho punible de lesión de confianza.
Posteriormente, en septiembre de ese mismo año, la denuncia fue ampliada e incorporó nuevos hechos, entre ellos la eventual omisión en la aplicación de multas contractuales a la empresa portuguesa Mota Engil, según informes de la Contraloría General de la República (CGR).
Señala el escrito que, desde la presentación de la denuncia en mayo de 2018 hasta fines de 2022 —es decir, durante aproximadamente cuatro años y medio—, no se registró un impulso procesal significativo para determinar responsabilidades penales de los denunciados.
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Durante ese periodo, afirman, no convocaron a declarar al principal denunciado ni se formalizó imputación alguna en su contra. Recién en febrero de 2023 tuvo lugar la declaración del exministro Jiménez Gaona, cuando ya estaba próximo a cumplirse cinco años de la denuncia inicial.
Causa metrobús pasó por varios fiscales
El caso metrobús pasó por varios fiscales en estos casi ocho años de investigación. Inicialmente estuvo a cargo de Nathalia Silva; luego fue interinado por Alcides Corvalán y Esmilda Álvarez. Posteriormente pasó a manos de María Estefanía González, quien procesó a Jiménez Gaona y pretendía llevarlo a juicio oral.
La defensa también señala que el 9 de marzo de 2023 se presentó una denuncia ante el Ministerio Público contra los fiscales que habían intervenido hasta ese momento en la causa, entre ellos Silva, por la supuesta falta de impulso investigativo durante un prolongado periodo.
“Con posterioridad a dicha presentación, en abril de 2023, se formuló imputación contra Ramón Jiménez Gaona y otros involucrados. La objetividad exige actuación conforme a la ley, respeto por los límites procesales y consideración real, tanto de los elementos de cargo como de descargo”, se lee en el escrito.