Concejales de la oposición en Asunción denunciaron que el supuesto “acuerdo” con los bonistas, anunciado por el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), contiene condiciones abusivas y perjudiciales para los intereses de la Municipalidad. Los bonos, la mayoría emitidos por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), deberán pagarse hasta 2035.
El concejal Humberto Blasco (PLRA) calificó los términos impuestos por los acreedores municipales como “absolutamente leoninos e inaceptables” para las arcas municipales. Señaló que los acreedores buscan liquidar intereses sobre intereses, una maniobra que considera abusiva.
En conversación con ABC, antes del inicio de la sesión ordinaria de la Junta Municipal, este miércoles, explicó que los intereses nominales originales ya contemplaban implícitamente el riesgo de que ocurriera un impago. Por ello, aplicar cargos adicionales sobre montos ya vencidos resulta una carga excesiva para la ciudad.

Blasco advirtió que la pretensión de diferir los pagos de 2026 para acumularlos en 2027 es financieramente inviable. Según el análisis del balance municipal, no existe margen para honrar las obligaciones de dos ejercicios en uno solo. Esta acumulación de deuda provocaría “una nueva cesación de pago y nuevos reclamos” legales contra la comuna.
Asunción: intención inmoral
El concejal Blasco calificó como una “inmoralidad” que la actual administración, próxima a salir, comprometa el futuro del gobierno entrante. Su postura es que la gestión de Bello debe limitarse a cumplir los compromisos del ejercicio actual según contrato. De este modo, las autoridades electas en octubre podrán sentarse a negociar “conforme a lo que encuentren”. Para el edil opositor es fundamental no dejar un “clavo” financiero a quienes asuman la responsabilidad del mando municipal.
El concejal Álvaro Grau (PPQ) coincidió en calificar la intención del cobro de intereses sobre intereses es “totalmente ilegal” según el marco vigente. Dijo que es una “locura” que los bonistas pretendan este beneficio adicional mientras la ciudad ya paga tasas altísimas. Resaltó que actualmente se abona un 17% de interés, cifra muy superior al 7% que paga el Estado. Para el edil, estos términos significan que los acreedores están “desangrando” económicamente a la ciudadanía.
Grau afirmó categóricamente que la Municipalidad de Asunción se encuentra hoy sumida en una “quiebra financiera” irreversible. Criticó que se haya eliminado del presupuesto la cuenta de “saldo de bonos”, ocultando información vital. Esta maniobra borra el rastro de los G. 500.000 millones que “desaparecieron” durante la gestión anterior. Según el concejal, esto evita que la Junta Municipal realice las auditorías anuales correspondientes.

Para Grau, la prioridad absoluta de la Junta debe ser “proteger la vida de los asuncenos” y las obras. Aseguró que es urgente pagar a los proveedores para evitar que las infraestructuras queden paralizadas indefinidamente. Recordó los riesgos mortales ante fenómenos climáticos, como los raudales que ya han cobrado vidas en el país. “El vecino no puede terminar siendo más perjudicado de lo que ya ha sido”, sentenció Grau.
Autobombo de Bello
El 7 de abril, en conferencia de prensa, Bello había anunciado un “acuerdo” con los bonistas, por el que la Municipalidad pagaría G. 90.794 millones (US$ 14,1 millones) por intereses vencidos en 2025, a cambio de diferir los intereses que vencen en 2026 para marzo de 2027.

El monto a pagar incluye G. 81.271 millones (US$ 12,7 millones) por cupones vencidos del 2025, además de otros G. 9.523 millones (US$ 1,5 millones) en concepto de “costos financieros” generados. Estos montos representan intereses moratorios aplicados directamente sobre los cupones que no fueron pagados. Blasco había adelantado que la Intendencia no había presentado ningún estudio económico serio que respalde la capacidad real de la comuna para cumplir.
Desde mayo de 2025 hasta febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitidos por Mario Ferreiro) y los bonos G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho). La suma reclamada en ese periodo por los bonistas es de G. 130.369 millones (US$ 20,4 millones).
De ese monto, G. 30.246 millones vencieron durante la gestión de Nenecho, G. 20.694 millones, durante la intervención, a cargo de Carlos Pereira, y otros G. 79.428 millones, durante la gestión de Luis Bello.
