El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), pretende la presentación ante el Congreso Nacional de un anteproyecto de reforma de la ley penal que busca castigar con más dureza la disposición indebida de basura. Su gestión arrastra una crisis de recolección de residuos heredada de la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).
Bello ya había anunciado la intención, en medio de duras críticas ciudadanas por la proliferación de vertederos irregulares. Mientras la capital del país se inunda de basura, lejos de apuntar a mejorar el servicio municipal, el intendente propone penas severas para los infractores.
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Con el argumento de una “creciente necesidad social y ambiental” de mejorar “la protección del espacio público”. El anteproyecto de ley establece la modificación del Artículo 200 de la Ley 1160/97, Código Penal.
La norma vigente castiga hasta con cinco años de cárcel o multa a quien “tratara, almacenara, arrojara, evacuara o de otra forma echara desechos “venenosos” o nocivos, “explosivos, inflamables o radioactivos” fuera de las instalaciones previstas para ello; o apartándose considerablemente de los tratamientos autorizados por disposiciones legales o administrativas”.
De aprobarse, la disposición irregular de residuos comunes dejará de ser una simple contravención para convertirse en un hecho punible. En esta nota te contamos las cinco claves del anteproyecto de ley que impulsa Bello desde la Municipalidad de Asunción.
“Basura cero”: ¿qué dice el anteproyecto?
La normativa actual prevé una sanción de cinco años o multa y limitada a un tipo específico de “desechos”. El anteproyecto prevé ampliar la sanción a quienes arrojen todo tipo de “residuos”. En su inciso 2 numeral 2, define “residuos” como “todo material, sustancia u objeto, en estado sólido, líquido o semisólido, generado por actividades domésticas, comerciales, industriales, agropecuarias, institucionales o de servicio”. La normativa incluye taxativamente, castigos para la tentativa.
La iniciativa incluye agravantes, que duplican la pena hasta los diez años de cárcel cuando “por la cuantía se considere volumen significativo, o en su caso, especialmente elevado y peligroso”. También se castigará con la pena máxima cuando la acción del autor “pusiera en peligro inmediato la vida de terceros”.
El anteproyecto apunta con rigor a quienes lucran con el traslado de desechos. La pena de hasta diez años se aplicaría en los casos en los que “el autor actuara en el marco de actividades comerciales, industriales o de servicios utilizando para el traslado respectivo vehículos u otros medios mecánicos”.
“Basura cero”: ¿Puedo ir preso si saco la basura fuera del horario del recolector?
La redacción del anteproyecto genera una preocupación legítima del ciudadano. ¿Qué pasa si saco la basura fuera del horario correspondiente? Esta duda toma una dimensión más grave cuando se tiene en cuenta la irregularidad del actual servicio de recolección.
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La demora en la recolección podría acarrear, por acción de terceros, que la basura termine dispersa en la calle, lo podría interpretarse como una disposición indebida, sujeta a pena de hasta 5 años o multa. ¿Quién será responsable por esa situación, el propietario, o quienes dispersen la basura?
Otra duda que surge de la lectura del anteproyecto es: ¿Qué pasa si veo a alguien tirando basura y no lo denuncio? ¿Tengo responsabilidad? Aunque la ley se centra en quien “tratara, almacenara o arrojara”, el espíritu de la reforma busca fortalecer la “corresponsabilidad ciudadana”. No obstante, el tipo penal se aplica directamente al autor o a quien actúe en el marco de actividades comerciales.
“Basura Cero”: ¿cuál es el alcance de las penas?
Otra pregunta obvia del ciudadano ante esta iniciativa es: ¿me pueden dar 10 años de cárcel por arrojar basura a la calle? La respuesta es sí, pero en casos específicos: solo cuando el volumen es “significativo”, cuando se pone en peligro inmediato la vida de terceros o si se utilizan vehículos, como el caso de los carriteros, para realizar el vertido.
El anteproyecto establece sanciones drásticas para la tentativa de arrojar basura incluso en los baldíos. El simple intento de deshacerse de desperdicios fuera de lugar será considerado un delito.
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El vertido de desechos en cauces hídricos o áreas protegidas acarrearía también la pena máxima de diez años. Con esta disposición, se pretende perseguir a las actividades comerciales que lucran contaminando bienes de uso público.
ABC trasladó estas consultas a la ingeniera Rosario Godoy, de la Dirección de Gestión Ambiental de la comuna y una de las proyectistas, sin obtener respuesta aún.
¿En qué estadío está la intención de Bello?
El proyecto de ley todavía no fue presentado ante el Legislativo de manera oficial hasta hoy, según confirmó la ingeniera Godoy. La propuesta sigue bajo revisión antes de iniciar su trámite parlamentario en el Congreso.
El proyecto debe contar con la aprobación de ambas cámaras del Congreso, donde el cartismo cuenta aún con una relativa mayoría, principalmente en la Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR-cartista), padrino político de Bello.
Anteproyecto vs. crisis de la basura
Mientras los contribuyentes son amenazados con el endurecimiento de las penas previstas en el Código Penal, la ciudad se cae a pedazos. Asunción se convirtió en los últimos años en un gran vertedero a cielo abierto, como consecuencia del pésimo servicio de recolección de residuos.
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El principal inconveniente que sumió a la ciudad en la inmundicia fue el estado de la flota municipal de camiones recolectores. La crisis operativa de estos vehículos se arrastra desde la gestión del exintendente Rodríguez. En junio del año pasado, el interventor a la gestión de Nenecho, Carlos Pereira, denunció haber encontrado un cementerio de chatarra en la Dirección de Servicios Urbanos.
Tras la asunción del actual intendente, en agosto, la situación empeoró y provocó la caída de dos directores de esa dependencia. Días atrás, la comuna informó que ya tenía 20 camiones operando, ya que varios se habían reparado. Sin embargo, la ciudad continúa sumida en la basura.
Millonario presupuesto y desvío
La situación de la recolección resulta todavía más indignante cuando se conocen datos del Balance 2025. De su análisis se observa que el exintendente Rodríguez y su sucesor tuvieron a su disposición, el año pasado, unos US$ 35,5 millones en concepto de tributos para limpieza. Pese a la millonaria contribución de los ciudadanos en 2025, la mugre sigue imperando.
La gestión de Rodríguez, a su vez, incurrió en el monumental desvío de fondos de los bonos G8 (2022), que debían ser para obras, a gastos corrientes. En su informe final, el interventor Carlos Pereira documentó que de los G. 512.000 millones desviados de esa emisión, G. 13.000 millones se utilizaron en “servicios fantasmas”, entre ellos, el alquiler de camiones recolectores.
La actual gestión intentó, hasta ahora sin éxito, una compra directa de 11 camiones recolectores nuevos. El proceso, además de puentear a la Junta Municipal, fue cuestionado por potenciales oferentes por sospechas de direccionamiento. Ante esto, el proceso, con ID 482149 fue suspendido por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).