Mientras el intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), participa de una cumbre de alcaldes de América sobre “ciudades inteligentes” desde el lujo del Trump National Doral en Miami, los asuncenos sufren la desidia de su gestión.
A través de sus redes sociales, el jefe comunal se jactó en las últimas horas del eje de “ciudad limpia” de su gestión. A diferencia de las imágenes de funcionarios municipales limpiando puntos como la Costanera, compartidas por Bello, la realidad dista mucho del marketing municipal.
Ante la denuncia de vecinos de Recoleta, ABC visitó este domingo la zona y constató que el barrio parece no haber sido incluido en la “ciudad limpia”. Además de la deficiente recolección de residuos domiciliarios, el barrio volvió a ser azotado por los vertederos irregulares.
Al costado del histórico muro del cementerio de Recoleta, el ya “tradicional” vertedero irregular que suele formarse en el sitio, amaneció hoy con una acumulación de desperdicios de dimensiones monumentales.
Vertederos irregulares: el Cementerio cercado de basura
Uno de los muros perimetrales del histórico cementerio amaneció este domingo tomado por un enorme montículo de escombros, tierra roja, tejas rotas y un verdadero “bosque” de ramas secas y hasta trozos de troncos que bloqueaba la vereda.
A este paisaje de escombros se suman bolsas de residuos domiciliarios y hasta paragolpes de vehículos, creando un foco de infección incontrolable.
La gestión del intendente sigue el “marketing” iniciado con un operativo “histórico” a fines de marzo, en el que había prometido sacar a los 9.000 funcionarios a las calles para limpiar, pero que se limitó a las principales avenidas, y generó escaso impacto.
Estas limpiezas puntuales son insuficientes para ocultar la multiplicación de vertederos clandestinos que brotan como hongos en toda la capital. La ciudad no se limpia con posteos en redes, sino con un sistema de recolección que hoy se encuentra virtualmente colapsado.
Marketing municipal vs. realidad: ¿A dónde fueron US$ 35 millones de aseo?
La crisis es tan profunda que incluso zonas residenciales están sucumbiendo ante la falta de planificación y la ausencia municipal. El discurso de la “responsabilidad ciudadana” es la excusa cínica que utiliza Bello para esconder la incompetencia de sus propios directores.
Los contribuyentes asuncenos aportaron la astronómica cifra de US$ 35,5 millones en 2025, específicamente para el aseo y la recolección. A pesar de esta altísima presión tributaria, el servicio que presta la Municipalidad es prácticamente una ficción para miles de hogares capitalinos.
Burocracia y chatarras: el 60% del presupuesto se consume en salarios
La pesada burocracia municipal consume el 60% del presupuesto en salarios, pero Servicios Urbanos es hoy un “cementerio de chatarras”. Con más de la mitad de la flota descompuesta, la falta de visión operativa es evidente, priorizando el clientelismo político sobre la gestión técnica.
A este panorama se suma la reciente suspensión por parte de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) de la compra directa de 11 camiones, que confirma las sospechas de direccionamiento y falta de transparencia.
Bello intentó “puentear” a la Junta Municipal para comprar equipos por G. 16.000 millones mientras sus propios vehículos se caen a pedazos. Este intento de compra solo aumenta la desconfianza de una ciudadanía harta de parches y “urgencias” injustificadas.
El negocio del alquiler y la sombra de los bonos desviados por “Nenecho”
En los primeros ocho meses de su gestión, Bello decidió mantener el lucrativo “negocio” del alquiler de camiones privados, siguiendo el mismo modelo de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).
Bello asumió el 27 de agosto, tras la renuncia de Rodríguez el día 22 de ese mes, ante la inminencia de su destitución y de la presentación de un contundente informe final de la intervención de su gestión.
El interventor, Carlos Pereira, documentó que, mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones de bonos G8, que eran para obras, hacia gastos corrientes. De ese monto, G. 13.000 millones se utilizaron en gastos “fantasma”, entre ellos, el alquiler de camiones recolectores, según Pereira.