El fiscal Osmar Alberto Segovia Jara prestó servicios en varias unidades fiscales, tanto en Central como en la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, última en la que estuvo hasta el 25 de febrero de 2025, fecha en la que se oficializó su traslado a Paraguarí, dispuesto por el fiscal general Emiliano Rolón como un aparente “castigo”.
Este miércoles 6 de mayo, durante la sesión ordinaria de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el ministro Víctor Ríos Ojeda fue quien propuso a Osmar Segovia para integrar como miembro el Tribunal de Apelación en lo Civil, Comercial, Penal y Laboral, de la Circunscripción Judicial de Paraguarí.
Lea más: Pavo Real Py: sugestivo cambio de fiscal que investigaba a “Lalo” Gomes y bienes de Pavão
Segovia prestará juramento y asumirá como camarista el próximo miércoles 13 de mayo, a las 12:00.
Segovia venía prestando servicios al frente de Unidad Penal de Ejecución, Electoral, Unidad Penal de Transición, Unidad Civil, Comercial, Laboral y Niñez y Adolescencia de Paraguarí, luego de ser trasladado de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico de Asunción.
Durante su permanencia en la fiscalía antidrogas, Segovia dirigió procedimientos contra estructuras criminales que se tradujeron en los casos “Scanner”, así como la fase uno de “Pavo Real Py”, con la acusación de más de 20 personas, y la fase dos de “Pavo Real Py”, con la pesquisa al diputado Eulalio “Lalo” Gomes, fallecido en un enfrentamiento con la Policía el 19 de agosto de 2024, y su hijo, Alexandre Rodrigues y otros más, como el caso Sudamericana, que anuló una red narco de barras bravas.
Lea más: Rolón ninguneó a fiscales de A Ultranza y defendió arresto de Erico Galeano
Así también, el fiscal Osmar Segovia fue integrado al equipo fiscal que tuvo la causa contra el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y sus exministros, por las presuntas filtraciones de Seprelad.
Los “pecados” de Osmar Segovia, observados por Emiliano Rolón
En la segunda fase del caso “Pavo Real Py”, que persiguió a la estructura que habría colaborado con Jarvis Chimenes Pavão para el lavado de dinero, se realizaron diligencias enfocadas sobre el entonces diputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Rodrigues.
El 19 de agosto de 2024 se allanaron los domicilios del legislador y su hijo, en ambos sitios se registraron enfrentamientos con las fuerzas del orden. El diputado Lalo Gomes perdió la vida en su casa y de su vivienda, se incautaron celulares y otros elementos considerados relevantes para la causa.
El fiscal Osmar Segovia pidió al juzgado la autorización para realizar en el Laboratorio Forense del Ministerio Público la extracción de datos de los celulares y otros artículos electrónicos incautados durante los allanamientos por Pavo Real Py II.
Sin embargo, el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado Osmar Legal autorizó y dispuso que un número de artefactos sea sometido a pericia en el Laboratorio Forense del Ministerio Público y otra parte, por la Policía. Con esto se pudo contar rápidamente con los datos de alta relevancia.
Esos chats extraídos principalmente del celular de Lalo Gomes, con fiscales, jueces y políticos, se filtraron y fueron expuestos desde el 3 de febrero de 2025 por ABC con la investigación denominada #LaMafiaManda que derivó en la apertura de otras causas penales sobre quienes se vieron involucrados.
El hecho de que haya sido la Policía haya sido incluida en la extracción de datos del celular del legislador fallecido causó la ira del fiscal general Emiliano Rolón, quien incluso habría atribuido a su fiscal a cargo de la pesquisa, de filtrar esas conversaciones.
Además, vale resaltar, que el mismo fiscal general en entrevista en una radio local había admitido que a esta altura apenas habían adquirido el software para la extracción de datos.
Lea más: #LaMafiaManda: Ratifican legalidad del proceso al exdiputado Orlando Arévalo
En forma paralela, Segovia había sido integrado al equipo fiscal que investigaba al expresidente Mario Abdo Benítez conformado por Fabiola Molas y Guillermo Sanabria, quienes renunciaron poco antes de la fecha de presentación del requerimiento conclusivo. En el caso de Molas para ascender como fiscala adjunta y en el caso de Sanabria, para asumir como juez de garantías de Alto Paraguay.
Es así que, cerca de la fecha del requerimiento conclusivo Segovia se negó a firmar la acusación considerando que faltaban elementos para sostener la acusación, que según versiones que surgieron en aquella ocasión ya estaba redactada y era la fiscala adjunta Matilde Moreno quien presionaba por acusar . De hecho, esa negativa de Segovia primero le valió hasta un conflicto por parte de Emiliano Rolón y luego su traslado a Paraguarí.