La Junta Municipal de Villarrica, en sesión ordinaria, rechazó la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio fiscal 2025 presentada por el intendente Magín Benítez (PLRA), en una sesión marcada por cuestionamientos políticos y administrativos entre concejales colorados y liberales. El jefe comunal de Villarrica aspira a la reelección.
La decisión fue tomada con siete votos a favor del rechazo, correspondientes a la totalidad de la bancada de la Asociación Nacional Republicana (ANR), mientras que tres concejales del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) votaron por la aprobación y otros tres ediles liberales estuvieron ausentes.
Votaron por el rechazo los concejales Wilfrido Portillo, Esteban Torres, Óscar Portillo, Guadalupe Alfaro, Alfredo Toledo, Diego Bogado y el presidente de la Junta Municipal, Ovidio Cuevas, todos pertenecientes a la bancada colorada.
Por otra parte, los concejales liberales Luis Silva, Fabiola Torres y Marcelino Garcete acompañaron el dictamen favorable a la aprobación de la ejecución presupuestaria presentada por el Ejecutivo Municipal.
La principal argumentación de la bancada colorada se centró en la supuesta falta de remisión de documentos respaldatorios requeridos por la Junta Municipal para analizar la rendición presentada por el intendente el pasado 27 de marzo.
Según los antecedentes expuestos durante la sesión, la Junta Municipal remitió al Ejecutivo al menos tres notas oficiales solicitando documentación complementaria relacionada con la ejecución presupuestaria correspondiente al año 2025.
La primera nota fue enviada el 30 de marzo por el presidente de la Junta, Ovidio Cuevas, quien otorgó un plazo de 24 horas para la remisión de los documentos requeridos en el marco de las funciones de control establecidas en la Ley Orgánica Municipal.
Posteriormente, el 8 de abril se remitió un primer urgimiento insistiendo en la necesidad de contar con los respaldos documentales para el análisis técnico, financiero y legal de la rendición de cuentas.
Finalmente, el 28 de abril, la Junta volvió a requerir de manera urgente la documentación faltante, advirtiendo incluso que el incumplimiento podría convertirse en causal de rechazo de la rendición conforme al artículo 207 de la Ley 3966/10, Orgánica Municipal.
El rechazo terminó siendo respaldado, además, por un informe técnico elaborado por el asesor contable y administrativo de la Junta Municipal, Gerardo Antonio Gavilán Franco. En su dictamen, el profesional señaló presuntos incumplimientos de la Resolución N° 605/22 de la Contraloría General de la República (CGR), normativa que establece la guía básica de documentos para respaldar la ejecución presupuestaria de instituciones públicas.
Entre las observaciones realizadas figura la supuesta ausencia del Programa Anual de Contrataciones (PAC) y del Programa Financiero Institucional (PFI). Asimismo, el informe menciona la falta de evaluaciones técnicas comparativas sobre productos adquiridos, ausencia de certificaciones de cumplimiento con el IPS y falta de justificación sobre la necesidad de determinadas adquisiciones realizadas por el municipio.
Lea más: Buscan destrabar el uso pleno de la nueva terminal de Villarrica con ordenanza de tránsito
El asesor contable también indica que la Junta Municipal solicitó reiteradamente documentación adicional sin obtener respuesta dentro de los plazos establecidos.
Durante el debate en sesión, el concejal Wilfrido Portillo (ANR-HC) cuestionó duramente al Ejecutivo Municipal y acusó al intendente de retrasar estratégicamente el envío de documentos en años anteriores para dificultar el control legislativo. El edil aseguró que este año la administración directamente no remitió parte de los respaldos solicitados, especialmente en rubros vinculados a construcciones y transferencias.
Portillo también cuestionó licitaciones relacionadas con empedrados y obras públicas. Afirmó que la Junta Municipal “desconoce absolutamente” varios procesos ejecutados por el Ejecutivo.
Igualmente, hizo referencia a observaciones formuladas anteriormente por la Contraloría General de la República (CGR) respecto al uso de transferencias a comisiones vecinales y otros desembolsos contemplados dentro del denominado “rubro 800”.
Sin embargo, durante la sesión también fue presentado un dictamen favorable elaborado por integrantes de la Comisión de Legislación, quienes recomendaron aprobar la rendición de cuentas.
En ese documento se afirma que, tras el análisis realizado, existiría equilibrio entre los montos recibidos y ejecutados, y que los expedientes revisados se ajustaban a los requerimientos establecidos por los órganos de control del Estado. El dictamen favorable también señalaba que los documentos remitidos cumplían con los parámetros establecidos por la Contraloría General de la República.
Intentamos comunicarnos vía telefónica con el intendente Magín Benítez para tener su versión sobre el rechazo de la ejecución presupuestaria, pero no contestó. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la decisión de la Junta Municipal.